GENERALES

El preconteo de votos divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil comenzó a definir el panorama de la representación del departamento del Atlántico en la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo legislativo 2026–2030. De acuerdo con las cifras preliminares del boletín número 41, las siete curules asignadas al departamento se distribuirían entre tres colectividades políticas: Cambio Radical, Pacto Histórico y el Partido Liberal Colombiano.

Hasta el momento, el preconteo registra 1.071.141 votos contabilizados en el departamento, lo que permite proyectar cómo quedaría conformada la delegación del Atlántico en la Cámara de Representantes para los próximos cuatro años.

Según los resultados preliminares, Cambio Radical se posiciona como la fuerza política más votada, al alcanzar 326.274 sufragios, lo que le permitiría obtener tres de las siete curules en disputa. Con base en el conteo inicial, los escaños de esta colectividad serían ocupados por Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Mendoza Torres y Samir Radi Chemas, quienes figuran como los candidatos con mayor respaldo electoral dentro de la lista del partido en el Atlántico.

En segundo lugar se ubica el Pacto Histórico, que con 269.114 votos lograría dos curules en la Cámara. De confirmarse estos resultados durante el escrutinio oficial, los representantes de esta coalición serían Jaime Santamaría Acosta y Andrea Vargas De la Hoz, aspirantes que encabezan la votación dentro de su colectividad en el departamento.

Por su parte, el Partido Liberal Colombiano obtendría dos escaños, tras alcanzar 195.637 votos en el preconteo. Los candidatos que ocuparían estas curules serían Jezmi Barraza Arraut y César Barrera Vergara, quienes se posicionaron como los más votados dentro de la lista liberal en el Atlántico.

El panorama que deja el preconteo muestra una distribución relativamente equilibrada entre tres fuerzas políticas, lo que anticipa una representación plural del departamento en la Cámara de Representantes durante el próximo periodo legislativo. Este equilibrio refleja tanto la permanencia de partidos tradicionales como el fortalecimiento de nuevas corrientes políticas que han venido ganando espacio en el escenario electoral del país.

La conformación de la bancada del Atlántico será clave para impulsar proyectos legislativos relacionados con el desarrollo regional, la infraestructura, la inversión social y la gestión de recursos para el Caribe colombiano. Los representantes que finalmente resulten electos tendrán la responsabilidad de llevar al Congreso las principales necesidades y prioridades del departamento.

No obstante, las autoridades electorales han reiterado que estos resultados corresponden únicamente al preconteo, una fase preliminar del proceso electoral que sirve para ofrecer una proyección inicial de los resultados. La distribución definitiva de las curules solo se confirmará una vez concluya el proceso oficial de escrutinios, en el cual se revisan y validan las actas de votación mesa por mesa.

Será al cierre de ese proceso cuando se oficialice la conformación final de la representación del Atlántico en la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, definiendo los nombres que llevarán la voz del departamento en el Congreso de la República durante los próximos cuatro años.

El departamento del Atlántico conservaría sus siete curules en el Senado de la República de Colombia, según los resultados preliminares del preconteo oficial de las elecciones legislativas realizadas este domingo. Aunque el número de escaños se mantiene, las cifras revelan cambios significativos en los nombres que representarán al departamento, reflejando un proceso de renovación política en la región.

De acuerdo con el reporte inicial, el Partido Liberal Colombiano se posiciona como la fuerza con mayor representación, al alcanzar tres curules. Los escaños liberales serían ocupados por Camilo Torres, Laura Fortich y Yessid Pulgar, quienes lograron consolidar un importante respaldo electoral en el departamento.

En segundo lugar aparece el Pacto Histórico, que obtendría dos escaños en la cámara alta del Congreso. Los candidatos que ocuparían estas curules serían Pedro Flórez y Agmeth Escaf. Este último, reconocido por su trayectoria política reciente, daría el salto desde la Cámara de Representantes de Colombia hacia el Senado, ampliando así su presencia en el escenario legislativo nacional.

Por su parte, Cambio Radical lograría un escaño con Gonzalo Baute, mientras que el Centro Democrático mantendría representación con el senador Carlos Meisel, quien repetiría curul en el Senado.

Uno de los aspectos más llamativos de los resultados preliminares es la renovación generacional en la representación del Atlántico. Entre los senadores electos, únicamente Pedro Flórez, Laura Fortich y Carlos Meisel repetirían curul, mientras que los demás nombres corresponden a nuevas figuras dentro de la delegación del departamento en el Congreso. Este relevo político sugiere un cambio en las dinámicas de poder tradicionales en la región.

El proceso electoral también dejó derrotas significativas para figuras reconocidas de la política regional. Entre los nombres que no lograron asegurar su permanencia en el Senado se encuentran los dirigentes de Cambio Radical César Lorduy, Rummenige Monsalve y Gersel Pérez, quienes no alcanzaron la votación necesaria para obtener la reelección.

Tampoco consiguieron un escaño otros aspirantes de distintas colectividades, como Armando Zabaraín, del Partido Conservador Colombiano; Betzy Martínez, vinculada a la lista impulsada por Juan Daniel Oviedo; Antonio Zabaraín, conocido como “Nello”, de Alianza por Colombia; David Reyes, del Partido Oxígeno; y, de manera sorpresiva, José David Name, del Partido de la U, quien no alcanzó la votación necesaria para mantener su curul.

La eventual salida de estas figuras evidencia un reacomodo en el mapa político del Atlántico, donde nuevas alianzas y liderazgos comienzan a consolidarse en el escenario electoral.

Aunque estos resultados corresponden al preconteo, y deberán ser confirmados durante el proceso oficial de escrutinio por parte de las autoridades electorales, el panorama preliminar deja claro que el Atlántico mantendrá su peso político en el Senado, pero con una delegación parcialmente renovada.

Con este escenario, el departamento afrontará el próximo periodo legislativo con una representación que combina continuidad y nuevas figuras, lo que podría influir en la agenda política regional y en la gestión de iniciativas relacionadas con desarrollo, infraestructura y políticas públicas para el Caribe colombiano.

El departamento del Atlántico comenzó a definir su representación en la Cámara de Representantes de Colombia para el próximo periodo legislativo, luego de conocerse los resultados preliminares del preconteo electoral divulgados por las autoridades. De acuerdo con las cifras iniciales, las siete curules asignadas al departamento se distribuirían entre tres fuerzas políticas: Cambio Radical, Pacto Histórico y el Partido Liberal Colombiano.

Según el reporte preliminar, Cambio Radical se posiciona como la colectividad con mayor votación, lo que le permitiría asegurar tres escaños en la Cámara de Representantes. Con base en el preconteo, las curules de esta fuerza política serían ocupadas por Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Mendoza Torres y Samir Radi Chemas, quienes figuran entre los candidatos con mayor respaldo electoral dentro de esa lista.

Este resultado consolidaría el peso político de Cambio Radical en el Atlántico, un departamento donde la colectividad ha mantenido una presencia significativa en las últimas contiendas electorales. Analistas políticos señalan que el desempeño del partido refleja la fortaleza de su estructura regional y su capacidad para movilizar votantes en la jornada electoral.

Por su parte, el Pacto Histórico, coalición política que reúne a varios sectores de izquierda y progresistas en el país, obtendría dos curules dentro de la representación del Atlántico en la Cámara. De confirmarse los resultados en el escrutinio oficial, estos escaños serían ocupados por Jaime Santamaría Acosta y Andrea Vargas De la Hoz, quienes aparecen entre los candidatos más votados de la lista de la colectividad en el departamento.

La presencia del Pacto Histórico en la representación legislativa del Atlántico ratificaría la influencia política que este bloque ha consolidado en los últimos años, especialmente tras su fortalecimiento en el escenario nacional durante recientes procesos electorales.

En tanto, el Partido Liberal Colombiano también alcanzaría dos escaños en la Cámara de Representantes por el Atlántico. Según el preconteo, las curules serían ocupadas por Jezmi Barraza Arraut y César Barrera Vergara, quienes lograron posicionarse como los aspirantes con mayor votación dentro de la lista liberal en el departamento.

La distribución preliminar de curules muestra un equilibrio político entre tres colectividades, lo que anticipa una representación plural del Atlántico en el Congreso de la República durante el próximo periodo legislativo. Esta composición podría influir en la dinámica política regional y en la forma en que se tramiten iniciativas relacionadas con el desarrollo del departamento.

No obstante, las autoridades electorales recordaron que estos resultados corresponden únicamente al preconteo, por lo que deberán ser ratificados o ajustados durante el proceso oficial de escrutinio, etapa en la que se revisan las actas de votación y se consolidan los resultados definitivos.

Mientras avanza ese proceso, el panorama político en el Atlántico comienza a perfilarse con una representación que combinaría fuerzas tradicionales y nuevas corrientes políticas. La conformación final de la bancada del departamento será clave para la gestión de proyectos legislativos, la defensa de intereses regionales y la interlocución con el Gobierno Nacional en los próximos cuatro años.

El representante a la Cámara Agmeth Escaf calificó como una decisión “satisfactoria y necesaria” el aval otorgado por el Consejo Nacional Electoral a la fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, al considerar que se trata de un paso clave para fortalecer el proyecto progresista en el país.

En entrevista exclusiva, el congresista aseguró que la determinación del órgano electoral pone fin a varios meses de incertidumbre jurídica y política que rodearon el proceso de integración entre ambas colectividades. Según explicó, durante ese periodo se presentaron demandas, tutelas y discusiones internas que retrasaron la consolidación del movimiento político.

Para Escaf, la decisión del tribunal electoral no solo despeja el panorama legal, sino que también permite avanzar en la construcción de una estructura partidaria más sólida. En su opinión, la fusión abre la puerta a la conformación de un gran partido progresista con mayor capacidad organizativa, presencia territorial y cohesión política.

El representante subrayó que el proceso de unificación representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del movimiento, consolidar sus bases y mejorar los mecanismos de coordinación interna. No obstante, advirtió que el aval del CNE no significa que desaparezcan automáticamente las diferencias entre los distintos sectores que integran el proyecto político.

“Ahora comienza el verdadero reto”, afirmó el congresista, al señalar que la nueva etapa exigirá aprender a trabajar de manera colectiva, respetar las diversas corrientes ideológicas y tramitar los desacuerdos dentro de los espacios democráticos del partido. En ese sentido, insistió en la importancia de fortalecer la disciplina interna, la organicidad y los canales de debate para evitar fracturas dentro de la organización.

Escaf también hizo referencia al panorama electoral de cara a las elecciones legislativas programadas para el próximo 8 de marzo. Aunque evitó adoptar una postura triunfalista, el congresista se mostró optimista frente a los resultados que podría obtener el movimiento progresista en las urnas.

Según explicó, actualmente el bloque cuenta con alrededor de 20 curules en el Senado, cifra que esperan superar en la próxima jornada electoral. De acuerdo con sus proyecciones, el movimiento podría alcanzar al menos 23 escaños, con un techo que podría llegar hasta las 25 credenciales, dependiendo del comportamiento electoral en las distintas regiones del país.

El representante también reconoció que el panorama político presenta desafíos importantes, especialmente en territorios donde persisten prácticas tradicionales que, a su juicio, siguen influyendo en las dinámicas electorales. Sin embargo, consideró que la decisión del CNE aporta mayor claridad al proyecto político y fortalece su posición de cara a los comicios.

Finalmente, Escaf reiteró que la consolidación de un partido progresista unificado representa una oportunidad para fortalecer la representación política de ese sector en el Congreso y avanzar en la construcción de una organización más estructurada, capaz de sostener su crecimiento en el escenario político nacional.

Un nuevo hecho de violencia política se registró en el departamento del Atlántico luego de que una candidata al Congreso por el partido Alianza Social Independiente denunciara haber sido víctima de un ataque armado mientras se movilizaba por una vía del departamento. El atentado ocurrió en medio del ambiente electoral previo a las elecciones legislativas de 2026, lo que ha generado preocupación entre autoridades y sectores políticos.

De acuerdo con el relato de la aspirante, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta en la que se desplazaba. Los proyectiles impactaron el vehículo varias veces, provocando momentos de tensión y temor tanto para la candidata como para las personas que la acompañaban durante el recorrido.

Según explicó la dirigente política, el ataque habría sido perpetrado por individuos que se movilizaban en motocicleta, quienes se acercaron al automotor y abrieron fuego antes de huir del lugar. A pesar de la gravedad del incidente, la candidata y su equipo resultaron ilesos, aunque la camioneta presentó varios impactos de bala producto de los disparos.

El hecho generó una rápida reacción del Gobierno nacional, que anunció medidas inmediatas para reforzar el esquema de seguridad de la aspirante. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se estableció coordinación con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el fin de activar los protocolos de emergencia y garantizar la integridad de la candidata.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades están adoptando acciones preventivas para evitar nuevos hechos de violencia contra la dirigente política, especialmente en un contexto electoral que demanda garantías de seguridad para todos los candidatos y movimientos que participan en la contienda democrática.

Tras el atentado, organismos de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables del ataque y determinar cuáles fueron los móviles detrás de la agresión armada. Las autoridades también trabajan en la recolección de pruebas, testimonios y material que permita reconstruir los hechos y avanzar en la identificación de los atacantes.

El caso se suma a las preocupaciones que han surgido en distintos sectores del país sobre los riesgos que enfrentan algunos candidatos durante el proceso electoral. Organismos de observación y entidades del Estado han advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en varios territorios, especialmente en zonas donde históricamente se han presentado situaciones de violencia política.

Para analistas y autoridades, este tipo de incidentes representa una amenaza para el normal desarrollo del proceso democrático, ya que puede afectar la libre participación de candidatos y electores. Por ello, las instituciones encargadas de la seguridad y la organización electoral han reiterado su compromiso de garantizar condiciones adecuadas para que las campañas y la jornada de votación se desarrollen sin intimidaciones ni riesgos para los actores políticos.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno nacional y las autoridades locales continúan evaluando medidas adicionales de protección para la candidata y su equipo de trabajo. Asimismo, se mantiene el seguimiento al caso con el objetivo de esclarecer lo sucedido y enviar un mensaje de rechazo frente a cualquier forma de violencia en el escenario político colombiano.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, manifestó su preocupación frente a la decisión del Gobierno nacional de mantener la restricción del uso de teléfonos celulares para los servidores del Ministerio Público durante la jornada electoral. Según el jefe del organismo de control, la medida podría afectar el adecuado ejercicio de las labores de vigilancia constitucional que debe realizar esta entidad en los puestos de votación.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Ministerio del Interior rechazara revisar la disposición contenida en el Decreto 0183 del 27 de febrero, mediante el cual se reglamentaron varios aspectos relacionados con la organización y el desarrollo de los comicios. En dicha normativa se establecen restricciones sobre el uso de dispositivos móviles en los lugares de votación, lo que, según la Procuraduría, podría limitar la capacidad de los funcionarios encargados de supervisar el proceso electoral.

De acuerdo con Eljach, la medida representa una limitación injustificada para el cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio Público, especialmente en lo relacionado con el control preventivo y la vigilancia del desarrollo de las elecciones. El funcionario advirtió que el uso de herramientas tecnológicas, como los teléfonos celulares, resulta fundamental para documentar situaciones, reportar irregularidades y mantener comunicación permanente con las autoridades competentes durante la jornada.

“Observamos con preocupación que se mantenga esta restricción para los servidores del Ministerio Público, ya que podría afectar el ejercicio de la vigilancia constitucional en los puestos de votación”, señaló el procurador en su pronunciamiento público.

El jefe del órgano de control hizo un llamado urgente al Gobierno para que se revisen las disposiciones establecidas en el decreto y se adopten los correctivos necesarios que permitan garantizar el pleno ejercicio de las competencias institucionales de la Procuraduría durante las elecciones.

En ese sentido, Eljach subrayó que el trabajo de los funcionarios del Ministerio Público requiere herramientas que faciliten la recolección de información y la comunicación inmediata ante cualquier irregularidad que se presente durante la jornada electoral. A su juicio, impedir el uso de dispositivos móviles podría dificultar la documentación de hechos relevantes o la transmisión oportuna de reportes a las autoridades electorales y de control.

La Procuraduría recordó que su presencia en los puestos de votación tiene como objetivo principal velar por la transparencia del proceso democrático, así como garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y las normas que rigen la jornada electoral.

El pronunciamiento se da en medio de los preparativos finales para las elecciones, un proceso que requiere la coordinación de diversas instituciones del Estado encargadas de asegurar que el desarrollo de los comicios se realice con garantías de transparencia, seguridad y legalidad.

Finalmente, el procurador reiteró la necesidad de que se revisen las restricciones establecidas para el uso de celulares por parte de los servidores del Ministerio Público, al considerar que estas herramientas resultan indispensables para cumplir de manera eficaz las funciones de vigilancia y control durante la jornada electoral.

A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un informe ante la Undécima Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en el que alertó sobre el aumento de municipios en riesgo por posibles factores de fraude y violencia. El reporte señala que persisten importantes desafíos para garantizar unas elecciones transparentes y seguras en todo el territorio nacional.

Según el documento, el número de municipios en riesgo consolidado pasó de 170 a 185 frente al informe presentado el pasado 4 de febrero, cuando la organización dio a conocer el estudio titulado Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026. De estos 185 municipios identificados, 94 se encuentran en riesgo extremo, lo que representa una señal de alerta para las autoridades encargadas de garantizar el normal desarrollo del proceso democrático.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, llamó la atención especialmente sobre la situación en los departamentos de Cauca y Antioquia, donde se concentran varios de los territorios con mayores niveles de riesgo. En el caso del Cauca se registran 21 municipios en riesgo extremo, mientras que en Antioquia la cifra alcanza los 20 municipios.

Barrios señaló que es fundamental que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan la coordinación institucional para adoptar medidas que permitan garantizar el ejercicio libre del voto en estas zonas. Asimismo, explicó que la actualización del mapa de riesgo permitió establecer que el 16 % de los municipios del país, incluidos los corregimientos departamentales, se encuentran actualmente en riesgo electoral, y que más de la mitad de estos, es decir el 51 %, fueron clasificados en la categoría de riesgo extremo.

El informe también advierte sobre la situación en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), territorios creados para fortalecer la representación política en zonas afectadas por el conflicto armado. De acuerdo con la MOE, el 59 % de los municipios en riesgo extremo están ubicados dentro de estas circunscripciones. La mayoría pertenecen a la CITREP 1, que incluye municipios de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y a la CITREP 3, correspondiente a la región del Bajo Cauca.

En cuanto a los riesgos asociados a factores de violencia, el estudio evidenció un incremento significativo. Mientras que el informe de febrero identificaba 339 municipios en esta condición, la actualización sumó 37 territorios adicionales, elevando el total a 376 municipios en riesgo por violencia, lo que representa el 34 % del total de municipios del país. De estos, 125 están clasificados en riesgo medio, 106 en riesgo alto y 145 en riesgo extremo.

Ante este panorama, la MOE insistió en la necesidad de que la jornada electoral cuente con planes operativos claros para la apertura de puestos de votación, la protección de los votantes y la reacción ante posibles incidentes. Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la organización, destacó que la coordinación entre la Fuerza Pública, las autoridades locales, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía y el Ministerio Público será clave para garantizar la seguridad en los territorios priorizados.

Además, la organización informó que hasta el 26 de febrero su plataforma de denuncias ciudadanas había recibido 145 reportes de posibles irregularidades. Entre las principales preocupaciones se encuentran las afectaciones al voto libre y la participación indebida de funcionarios públicos en actividades políticas.

Finalmente, la MOE hizo un llamado a las autoridades para que se implementen de manera efectiva todas las medidas previstas por la organización electoral con el fin de evitar errores registrados en procesos anteriores, tanto durante la jornada de votación como en el preconteo y la consolidación de los resultados. Asimismo, recomendó garantizar que no existan restricciones injustificadas para el uso de prendas alusivas al Día Internacional de la Mujer, como pañoletas o camisetas en tonos verdes o morados, siempre que no contengan referencias directas a campañas o candidaturas políticas.

El dirigente político Joao Herrera aseguró que las más recientes encuestas confirman que la contienda presidencial aún no tiene un escenario definitivo y que el panorama político colombiano se mantiene abierto y en constante transformación. A su juicio, el país atraviesa un momento dinámico en el que distintos liderazgos conservan opciones reales de consolidarse como alternativa de gobierno.

Herrera señaló que figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella reflejan actualmente una ventaja en algunos sondeos de opinión. No obstante, advirtió que estos resultados deben leerse con cautela, pues el verdadero reordenamiento político se producirá el próximo 8 de marzo, cuando el país elija el nuevo Congreso de la República.

Según explicó, la jornada legislativa marcará un punto de inflexión que redefinirá alianzas, correlaciones de fuerzas y proyecciones presidenciales. En su análisis, la composición del Senado y la Cámara será determinante para establecer qué sectores logran mayor capacidad de negociación y estructura territorial de cara a la elección presidencial.

En ese contexto, Herrera sostuvo que Paloma Valencia será una de las figuras que podría obtener mayor provecho de las consultas interpartidistas previstas para definir candidaturas presidenciales. De acuerdo con su proyección, la dirigente tendría la posibilidad de superar los cuatro millones de votos en ese mecanismo, lo que —según afirmó— la consolidaría como una de las líderes con mayor capacidad de movilización electoral dentro de su sector político.

El dirigente enfatizó que las consultas no solo medirán popularidad, sino también organización, disciplina partidista y capacidad de convocatoria, factores que, a su juicio, serán decisivos para perfilar la candidatura con mayores opciones en la contienda nacional.

Herrera también subrayó que el proceso electoral está lejos de definirse y que aún restan etapas clave que podrían modificar las tendencias actuales. En ese sentido, insistió en que el comportamiento del electorado en las legislativas será un termómetro real del clima político y permitirá evaluar la fortaleza de las distintas corrientes ideológicas.

Finalmente, reiteró que Colombia aún tiene “muchas páginas por escribir” en el proceso electoral y que serán los ciudadanos, con su participación en las urnas, quienes determinen la configuración del nuevo liderazgo nacional. A su juicio, la dinámica política de las próximas semanas será determinante para aclarar el panorama presidencial y establecer con mayor precisión cuáles candidaturas lograrán consolidarse en la recta final hacia la Casa de Nariño.

La Defensoría del Pueblo advirtió que en el departamento del Atlántico se requieren 17 acciones prioritarias y seis urgentes para garantizar elecciones libres y seguras este año, tanto en los comicios legislativos como en los presidenciales.

Según el informe del órgano de control, las acciones urgentes deben implementarse en los municipios de Malambo, Baranoa, Polonuevo, Luruaco, Campo de la Cruz y Sabanagrande. En tanto, las medidas prioritarias cobijan a Puerto Colombia, Barranquilla, Galapa, Soledad, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Repelón, Manatí, Santa Lucía, Suan, Candelaria, Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomás, Sabanalarga y Usiacurí.

La entidad hizo especial énfasis en Ponedera, donde identificó tres factores de riesgo. El primero es el reciente proceso de elección atípica de alcalde, que generó reacomodos políticos, disputas locales y, según la Defensoría, un debilitamiento de la legitimidad institucional. El segundo corresponde a antecedentes de asonadas en 2011 y 2016, hechos que evidenciarían rupturas en los canales institucionales de resolución de conflictos y un posible aumento de la polarización. El tercero es la presencia de dinámicas de gobernanza armada ilegal por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos de delincuencia organizada (GDO), manifestadas en amenazas, extorsiones y control social violento en zonas urbanas y rurales.

En Sabanagrande, la Defensoría recordó la quema de una finca propiedad del diputado del Atlántico, Sergio Barraza Arraut, hecho que calificó como una conducta violenta con potencial intimidatorio contra bienes vinculados a actores políticos.

A nivel regional, el informe señala que para el Caribe se requieren 11 acciones urgentes, 84 prioritarias y 40 en observación permanente. La entidad alertó sobre la presencia de estructuras como el ‘Clan del Golfo’, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos de criminalidad organizada. En el Atlántico, mencionó específicamente al ‘Clan del Golfo’, ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

“La preocupación central no es la realización de la jornada electoral, sino la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones”, indicó la Defensoría, advirtiendo el riesgo de una democracia meramente formal en territorios donde las comunidades podrían estar sometidas al silencio por presión de actores armados.

Finalmente, el organismo señaló que solo el 42 % de las recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana han sido cumplidas, mientras que el 58 % restante permanece desatendido, lo que incrementa la vulnerabilidad del proceso electoral en varias zonas del departamento y la región Caribe.

Decenas de ciudadanos en el municipio de Polonuevo manifestaron su respaldo a la candidatura de Camilo Torres Villalba al Senado de la República por el Partido Liberal Colombiano, durante un encuentro que, según cifras de la campaña, reunió a cerca de 2.000 personas.

La actividad contó con la participación de líderes comunitarios y simpatizantes que acompañaron la aspiración del exdiputado del Atlántico, quien destacó su vínculo político y personal con el municipio. “Este municipio me viene acompañando desde mi aspiración a la Asamblea, y por eso cada vez que regreso no vengo a hacer política, vengo a casa, vengo a visitar a mi familia”, expresó ante los asistentes.

En su intervención, Torres Villalba hizo énfasis en su gestión como diputado departamental, resaltando iniciativas impulsadas en beneficio de la comunidad local. Entre ellas mencionó procesos de titulación de vivienda en el barrio Camilo Torres y la creación de la Casa de la Mujer, proyectos que, según afirmó, impactaron de manera directa a familias del municipio.

El aspirante al Senado también asumió compromisos con el sector rural de Polonuevo, señalando que desde el Congreso promoverá medidas orientadas a fortalecer al campesinado mediante inversión, asistencia técnica e investigación. “La meta es que las familias rurales tengan productividad y futuro en su propio territorio”, sostuvo.

Durante la reunión, la candidatura recibió el acompañamiento de líderes como Argemiro Avilez, Víctor Iglesia, Junior González, Melcy Arcón y Modesto González, así como del concejal Andrés Luna, la familia Tamayo, Rosalva Vargas y Deyanira Bornaceli, quienes manifestaron públicamente su apoyo al proyecto político.

El encuentro forma parte de la agenda territorial que adelanta Torres Villalba en distintos municipios del Atlántico, en la recta final de la campaña legislativa, con el objetivo de consolidar respaldos en la región Caribe de cara a las elecciones al Congreso.