El Gobierno nacional expidió, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, el decreto 0030 de 2026 que elimina la prima mensual de servicios que recibían los congresistas de Colombia, cuyo valor ascendía a $16.914.540. Esta decisión representa una reducción significativa en los ingresos de senadores y representantes a la Cámara, quienes actualmente devengan salarios superiores a los 50 millones de pesos mensuales. Con la entrada en vigencia de la medida, los parlamentarios pasarán a recibir cerca de 35 millones de pesos al mes.
Según lo explicó Función Pública, la determinación se fundamenta en que la remuneración de los congresistas resulta “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la población colombiana y a la realidad económica del país. A partir del nuevo esquema, el salario de los legisladores estará compuesto únicamente por un sueldo básico de $12.455.244 y unos gastos de representación de $22.142.662. La eliminación de la prima de servicios aplicará para los congresistas que inicien su periodo constitucional el 20 de julio de 2026, tras las elecciones legislativas de marzo.
El nuevo decreto deroga una norma expedida en 2013 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, mediante la cual se había creado una prima especial de servicios destinada a sustituir beneficios relacionados con salud, localización y vivienda. Desde el Ejecutivo se ha defendido la medida como parte de una estrategia de ajuste del gasto público y de equidad salarial.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló previamente que la eliminación de la prima hace parte de los esfuerzos por reducir los costos de funcionamiento del Estado. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio un enfoque más político y social a la decisión, al afirmar que se trata de un “acto de justicia social” que acompaña el incremento del salario mínimo y busca cerrar brechas de desigualdad.
No obstante, la medida ha generado una fuerte polémica en el Congreso de la República. Uno de los principales críticos ha sido el presidente del Senado, Lidio García Turbay, quien cuestionó que el presidente Gustavo Petro haya impulsado esta directriz ahora, pese a que durante casi 20 años recibió la prima de servicios mientras fue congresista sin manifestar inconformidad. García sostuvo que el decreto no responde a una verdadera cruzada de austeridad, sino que podría interpretarse como un “castigo político” a un Congreso que, según él, ha decidido mantener su independencia frente al Ejecutivo.
A pesar de las críticas, el presidente del Senado afirmó que el Congreso acatará la decisión en respeto al Estado de Derecho, subrayando que la independencia del poder legislativo no se negocia ni se castiga y que los congresistas continuarán ejerciendo sus funciones de legislación y control político.
En contraste, otros sectores del Congreso respaldaron la decisión. La senadora Angélica Lozano celebró la eliminación de la prima, recordando que desde 2015 ha impulsado proyectos para reducir los salarios de los congresistas. Para Lozano, la medida es un avance en materia de equidad y justicia social, al considerar que no es razonable que exista una brecha tan amplia entre los ingresos de los parlamentarios y los de la ciudadanía común.
W.T
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