Sesión extra para estudiar la emergencia económica de Petro
El Senado de la República retomará la próxima semana el debate de control político sobre la declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno nacional, en medio de cuestionamientos por la falta de información entregada por el Ejecutivo y del avance de procesos clave en la Corte Constitucional. La mesa directiva del Congreso confirmó que el martes 27 de enero se reabrirá la discusión, pese a que la mayoría de los ministerios citados aún no han respondido los requerimientos formulados por los legisladores.
La citación se sustenta en una proposición presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, quien impulsó el envío de un cuestionario a las 19 carteras del Gobierno con el fin de evaluar los fundamentos y alcances de la medida excepcional decretada por el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, solo tres ministerios han remitido respuestas: uno de manera completa y dos de forma parcial, mientras que el resto no ha entregado explicación alguna, situación que ha generado inconformidad en el Legislativo.
El intercambio entre el Congreso y el Ejecutivo se inició el 26 de diciembre, apenas cinco días después de la firma del decreto que declaró la emergencia económica y que empezó a regir desde el 1 de enero. Entre los principales interrogantes planteados por Motoa —y respaldados por una mayoría del Senado— está la necesidad de aclarar qué hechos concretos y extraordinarios llevaron al Gobierno a adoptar esta figura constitucional, así como la justificación técnica y fiscal de las medidas tomadas bajo ese amparo.
Paralelamente al debate político, la Corte Constitucional avanza en el análisis jurídico de la declaratoria. El expediente fue asignado al magistrado Carlos Camargo, quien será el encargado de elaborar la ponencia principal. En este contexto, se conoció que el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, presentó una solicitud formal para que se suspendan provisionalmente los efectos del decreto, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.
La petición plantea que la emergencia económica no estaría sustentada en hechos sobrevinientes, imprevistos o de gravedad excepcional, como lo exige la Constitución, sino en problemas estructurales y en decisiones de política fiscal adoptadas con anterioridad. Bajo ese argumento, el uso de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo sería improcedente. Algunos de los conceptos allegados al alto tribunal incluso solicitan que la norma sea retirada de manera definitiva del ordenamiento jurídico.
El proceso en la Corte aún no entra en su fase decisoria. Está pendiente el concepto de la Procuraduría General de la Nación, un paso clave para que el tribunal pueda avanzar hacia una determinación. Según declaraciones recientes del presidente Ibáñez, en los próximos días podría definirse si se decreta o no la suspensión provisional, mientras que el fallo definitivo sobre la constitucionalidad del decreto se proyecta para finales de febrero.
De manera simultánea, la Corte ya distribuyó entre sus magistrados los demás decretos expedidos bajo la emergencia económica. En Sala Plena se determinó que Carlos Camargo también estudie el decreto que dio origen al estado excepcional, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés analizará el decreto relacionado con las medidas tributarias. Ambos procesos avanzarán de forma coordinada, en un escenario que mantiene bajo tensión la relación entre el Gobierno y los demás poderes públicos.
W.T
