La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador conservador Efraín Cepeda, luego de recibir una compulsa de copias enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionada con las declaraciones del exsenador liberal Álvaro Ashton sobre presuntas alianzas entre políticos del Caribe y grupos paramilitares.
El origen de esta actuación judicial se remonta a octubre de 2025, cuando la Corte Suprema recibió formalmente la documentación remitida por la JEP, tribunal que decidió mantener el sometimiento de Ashton dentro del sistema de justicia transicional. En ese escenario, el excongresista entregó un amplio relato sobre supuestos vínculos entre dirigentes políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública con estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A partir de esa compulsa de copias, la Corte abrió dos radicados distintos. Uno de ellos corresponde al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, y quedó en manos del magistrado Reyes, quien analiza si los hechos mencionados guardan relación con investigaciones previas existentes. El segundo proceso involucra directamente al senador Efraín Cepeda y fue asignado al magistrado Francisco Farfán, quien decidió iniciar una indagación preliminar para verificar la veracidad y alcance de los señalamientos.
Como parte de las primeras diligencias, el magistrado Farfán ordenó escuchar en ampliación de denuncia a Álvaro Ashton y citó al senador Cepeda a rendir versión libre. Esta diligencia fue programada para el próximo 18 de febrero, fecha clave dentro del proceso, ya que permitirá contrastar las afirmaciones del exsenador con la versión del actual congresista.
Las revelaciones de Ashton fueron entregadas en el marco de una audiencia única de aporte a la verdad plena ante la JEP. Allí, el exsenador aseguró que existieron alianzas económicas, políticas y electorales entre actores públicos y privados con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, estructura paramilitar que operó principalmente en Atlántico y Magdalena, bajo el mando de alias ‘Don Antonio’, Édgar Ignacio Flórez Fierro, y Carlos Mario García Ávila.
Según Ashton, estos pactos facilitaron la cooptación de instituciones, la manipulación de procesos electorales y el control político en varios municipios de la región Caribe. En su testimonio, sostuvo que dichas alianzas involucraron a dirigentes políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública, lo que habría permitido la expansión y consolidación del poder paramilitar en esos departamentos.
Durante la audiencia, Ashton reconoció su responsabilidad política y moral en estos hechos, afirmó que sus actuaciones contribuyeron al fortalecimiento de los grupos armados ilegales y ofreció un perdón público a los ciudadanos de Barranquilla. Además, se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva en favor de las víctimas del Atlántico y el Magdalena.
El excongresista también mencionó a varios dirigentes que, según dijo, habrían tenido acercamientos o acuerdos con estructuras paramilitares, afirmaciones que ahora son materia de análisis por parte de la Corte Suprema. La apertura de esta indagación preliminar no implica una imputación formal, pero sí marca un nuevo capítulo judicial con posibles implicaciones políticas, en un contexto de alta sensibilidad institucional y a las puertas de un nuevo ciclo electoral.
