El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que establecía un aumento del 23,78 % en el salario mínimo para 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida fue adoptada por el magistrado ponente que estudia la legalidad del acto administrativo, quien ordenó frenar temporalmente su aplicación como medida cautelar mientras se analiza el fondo del proceso. Con esta decisión, el alto tribunal concedió al Ejecutivo un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto ajustado a los parámetros establecidos por la ley.
De acuerdo con el pronunciamiento, la fijación del salario mínimo debe sustentarse en criterios técnicos definidos por la normativa vigente, entre ellos la productividad, la inflación y la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. El Consejo de Estado advirtió que estos factores deben prevalecer sobre consideraciones de carácter político.
La suspensión no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del incremento, pero sí obliga al Gobierno nacional a replantear el acto administrativo y justificarlo conforme a los requisitos técnicos exigidos. Mientras se expide el nuevo decreto, persiste la incertidumbre jurídica en torno al monto que regirá para 2026.
El caso continuará su trámite en el Consejo de Estado, instancia que deberá decidir posteriormente si anula o mantiene el aumento decretado. Entre tanto, gremios empresariales, sindicatos y distintos sectores económicos permanecen atentos al nuevo acto administrativo que el Ejecutivo deberá emitir dentro del plazo fijado por la corporación.
