El presidente Gustavo Petro anunció la expedición de un nuevo decreto que fijará el salario mínimo en Colombia, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente los efectos del Decreto 1469, mediante el cual el Gobierno había establecido el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905, equivalente a un incremento del 23,7 %.
La decisión del alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir, en un plazo de ocho días calendario, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento y el valor total correspondiente, el cual regirá mientras se emite un fallo de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.
En respuesta, el mandatario defendió la constitucionalidad del decreto inicial y sostuvo que el aumento fue fijado conforme a criterios económicos. “El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”, afirmó. No obstante, aseguró que respetará la decisión judicial y expedirá el nuevo acto administrativo en los términos exigidos.
Petro indicó que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación y solicitó la articulación con movimientos sociales para analizar la suspensión y el contenido del nuevo decreto. Según explicó, el encuentro se realizará con base en las más recientes mediciones económicas y estudios técnicos.
El jefe de Estado señaló que dichos análisis muestran una incidencia marginal del salario mínimo en el aumento de precios de algunos alimentos y planteó la necesidad de evaluar también el impacto de la tasa de interés en el empleo, el déficit fiscal y el comportamiento inflacionario.
El presidente invitó además a los trabajadores a pronunciarse frente a la medida cautelar. “Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario”, expresó, al insistir en que el Gobierno actúa en cumplimiento del mandato constitucional y del respaldo ciudadano en las urnas.
Por su parte, el Consejo de Estado aclaró que la suspensión es una medida provisional y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto. El tribunal deberá resolver de fondo si el incremento cumple con los criterios técnicos exigidos por la normativa vigente, entre ellos productividad, inflación y protección del poder adquisitivo.
Mientras se expide el decreto transitorio, el país permanece a la expectativa sobre el nuevo porcentaje de aumento que regirá para 2026 y sobre el desenlace jurídico del proceso, que marcará el rumbo de la política salarial del próximo año.
