La Defensoría del Pueblo advirtió que en el departamento del Atlántico se requieren 17 acciones prioritarias y seis urgentes para garantizar elecciones libres y seguras este año, tanto en los comicios legislativos como en los presidenciales.
Según el informe del órgano de control, las acciones urgentes deben implementarse en los municipios de Malambo, Baranoa, Polonuevo, Luruaco, Campo de la Cruz y Sabanagrande. En tanto, las medidas prioritarias cobijan a Puerto Colombia, Barranquilla, Galapa, Soledad, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Repelón, Manatí, Santa Lucía, Suan, Candelaria, Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomás, Sabanalarga y Usiacurí.
La entidad hizo especial énfasis en Ponedera, donde identificó tres factores de riesgo. El primero es el reciente proceso de elección atípica de alcalde, que generó reacomodos políticos, disputas locales y, según la Defensoría, un debilitamiento de la legitimidad institucional. El segundo corresponde a antecedentes de asonadas en 2011 y 2016, hechos que evidenciarían rupturas en los canales institucionales de resolución de conflictos y un posible aumento de la polarización. El tercero es la presencia de dinámicas de gobernanza armada ilegal por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos de delincuencia organizada (GDO), manifestadas en amenazas, extorsiones y control social violento en zonas urbanas y rurales.
En Sabanagrande, la Defensoría recordó la quema de una finca propiedad del diputado del Atlántico, Sergio Barraza Arraut, hecho que calificó como una conducta violenta con potencial intimidatorio contra bienes vinculados a actores políticos.
A nivel regional, el informe señala que para el Caribe se requieren 11 acciones urgentes, 84 prioritarias y 40 en observación permanente. La entidad alertó sobre la presencia de estructuras como el ‘Clan del Golfo’, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos de criminalidad organizada. En el Atlántico, mencionó específicamente al ‘Clan del Golfo’, ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.
“La preocupación central no es la realización de la jornada electoral, sino la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones”, indicó la Defensoría, advirtiendo el riesgo de una democracia meramente formal en territorios donde las comunidades podrían estar sometidas al silencio por presión de actores armados.
Finalmente, el organismo señaló que solo el 42 % de las recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana han sido cumplidas, mientras que el 58 % restante permanece desatendido, lo que incrementa la vulnerabilidad del proceso electoral en varias zonas del departamento y la región Caribe.
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