Un grupo de académicos del derecho y exmagistrados de las altas cortes colombianas expresó preocupaciones sobre las implicaciones jurídicas y éticas de la triple nacionalidad del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, particularmente por su condición de ciudadano estadounidense obtenido mediante naturalización.
En un pronunciamiento público, los expertos señalaron que, aunque la legislación colombiana reconoce la posibilidad de tener doble o múltiple nacionalidad, la ciudadanía adquirida en los Estados Unidos implica un juramento formal que, a su juicio, podría generar incompatibilidades con las responsabilidades constitucionales de un presidente de la República.
El documento destaca que el proceso de naturalización estadounidense exige una declaración en la que el solicitante renuncia a toda lealtad o fidelidad hacia cualquier otro Estado. Para los firmantes, este compromiso trasciende un requisito administrativo y constituye una obligación que podría entrar en conflicto con el deber de representar y defender exclusivamente los intereses de Colombia desde la Presidencia.
Los juristas diferencian esta situación de la nacionalidad italiana, que suele adquirirse por descendencia y no exige una manifestación expresa de renuncia a otras nacionalidades o lealtades. Según sostienen, la naturaleza del juramento estadounidense introduce elementos que merecen un análisis constitucional más profundo.
En el comunicado, los expertos argumentan que una persona que haya asumido dicho compromiso para obtener la ciudadanía estadounidense enfrentaría una “incompatibilidad evidente” con las funciones inherentes al cargo presidencial. A su juicio, las obligaciones derivadas de ese juramento podrían resultar contradictorias con las responsabilidades que impone la jefatura del Estado colombiano.
El pronunciamiento se suma al debate político y jurídico que rodea la actual campaña presidencial, al plantear interrogantes sobre los alcances de la múltiple nacionalidad en el acceso a los más altos cargos públicos. No obstante, cualquier determinación sobre la interpretación de estas circunstancias y su eventual impacto en una candidatura corresponde a las autoridades competentes y a los organismos encargados de aplicar la Constitución y las leyes colombianas.
