Iván Name perdió en primera instancia su investidura como senador luego de que el Consejo de Estado determinara que incurrió en tráfico de influencias relacionado con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada el 25 de septiembre de 2026 por la Sala Especial de Decisión 24 de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El fallo está relacionado con hechos ocurridos durante el periodo en que Name ejerció como presidente del Senado, en la legislatura 2023-2024. El alto tribunal analizó la presunta entrega de dinero proveniente de recursos de la UNGRD y su relación con el trámite de iniciativas legislativas impulsadas por el entonces Gobierno de Gustavo Petro.
El caso UNGRD y la reforma pensional
De acuerdo con la decisión judicial, las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, hicieron parte de los elementos analizados durante el proceso. Según los antecedentes expuestos por el tribunal, se habría acordado la entrega de $3.000 millones a Name para favorecer el trámite de iniciativas gubernamentales en el Congreso.
Entre los proyectos mencionados se encuentra la reforma pensional, cuyo trámite se desarrolló durante la legislatura en la que Name presidía el Senado.
El Consejo de Estado concluyó que las pruebas incorporadas al proceso permitieron establecer la causal de tráfico de influencias prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política. La decisión fue adoptada dentro de una demanda presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Nacional Recursos Sagrados en Colombia.
El papel de Name durante los debates
Otro de los elementos considerados por el Consejo de Estado fue la actuación de Iván Name durante las sesiones de la reforma pensional.
Según el fallo, el entonces presidente del Senado no dirigió varias de las plenarias en las que se discutió la iniciativa y permitió que la senadora María José Pizarro asumiera la conducción de los debates. El tribunal analizó esta conducta dentro del conjunto de circunstancias relacionadas con el presunto tráfico de influencias.
La corporación señaló que la conducta atribuida a Name resultó contraria a principios relacionados con la representación democrática, la integridad del mandato parlamentario y el ejercicio del cargo al servicio del interés general.
Decisión todavía puede ser apelada
La pérdida de investidura fue decretada en primera instancia, por lo que la decisión todavía puede ser apelada ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El fallo tiene consecuencias políticas para el exsenador, pues la decisión establece que la pérdida de investidura impide su regreso al Congreso si queda en firme.
El proceso de pérdida de investidura se desarrolla de manera independiente de las investigaciones penales relacionadas con el caso UNGRD. El pronunciamiento del Consejo de Estado se suma así a las actuaciones judiciales que han examinado las denuncias sobre el uso de recursos públicos y su presunta relación con el trámite de proyectos legislativos durante el anterior Gobierno.
