por el Periodista Javier Ballesteros.
Una denuncia estremecedora llegó al recinto del Concejo de Barranquilla. La concejala Heydi Barrera reveló públicamente que una mujer habría sido víctima de violencia digital y presunta extorsión por parte de un edil actualmente en ejercicio en una localidad de la ciudad.
Según relató Barrera durante su intervención, la mujer sostuvo una relación íntima con el funcionario y posteriormente este, presuntamente, habría difundido contenido privado de carácter sexual y lo estaría utilizando para ejercer presión sobre ella.
Pero la denuncia fue todavía más delicada: de acuerdo con lo manifestado por la concejala, no se trataría de un caso aislado. Barrera aseguró que su equipo jurídico conoció de otras mujeres que habrían enfrentado comportamientos similares atribuidos al mismo edil.
La cabildante anunció que una denuncia ya fue presentada y que su equipo acompañará jurídicamente a las mujeres que aseguran haber sido víctimas.
El señalamiento merece una investigación rigurosa y sin contemplaciones. Si las autoridades encuentran elementos que respalden estas denuncias, el caso dejaría de ser solamente un escándalo político para convertirse en un asunto que deberá tener consecuencias en los escenarios judiciales y disciplinarios correspondientes.
Y hay una pregunta que Barranquilla no puede esquivar: ¿puede permanecer tranquilamente en un cargo de representación pública una persona mientras enfrenta acusaciones de semejante gravedad sin que los organismos competentes esclarezcan rápidamente qué ocurrió?
La identidad del edil no fue revelada en la intervención reproducida, y por ello sería irresponsable lanzar nombres o condenar anticipadamente a alguien. Pero guardar silencio frente a las denunciantes tampoco es una opción.
Barrera anunció además que buscará avanzar en una iniciativa para establecer en Barranquilla lineamientos específicos frente a la violencia digital, tomando como fundamento la normativa nacional existente.
La intimidad de una mujer no es moneda de cambio, instrumento de amenaza ni arma de retaliación. Y cuando el señalado es un servidor público, las autoridades tienen una responsabilidad adicional: investigar con celeridad, proteger a las denunciantes y establecer, con pruebas, si existieron responsabilidades.
Ahora la palabra la tienen la justicia y los organismos de control.
