La carrera hacia las consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo de 2026 enfrenta un nuevo debate jurídico relacionado con la eventual participación de algunos precandidatos que ya han pasado por mecanismos de selección interna. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la inclusión del senador Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, en la consulta del denominado Pacto Amplio podría entrar en conflicto con la legislación electoral colombiana vigente.
Según explicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, la Ley 1475 de 2011 establece límites claros para quienes ya participaron en una consulta interna. En su interpretación, la norma dispone que una persona que supera un proceso de consulta queda automáticamente habilitada como candidata para la elección correspondiente, lo que le impediría presentarse nuevamente en otra consulta dentro del mismo ciclo electoral. De acuerdo con este criterio, quienes participaron en las consultas realizadas en octubre ya habrían adquirido la condición de candidatos presidenciales para las elecciones del 31 de mayo de 2026, sin necesidad de someterse a una nueva jornada de selección.
Bajo esta lectura normativa, Iván Cepeda podría quedar excluido del tarjetón de la consulta del 8 de marzo y avanzar directamente a la primera vuelta presidencial. No obstante, Muñoz aclaró que la interpretación definitiva de la ley corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que deberá determinar si aplica o no esta restricción en el caso concreto del senador del Pacto Histórico.
El análisis de la MOE también se extiende al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Aunque actualmente cuenta con el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) para participar en una consulta de centroizquierda, su situación presenta antecedentes que generan dudas jurídicas. Quintero apareció inicialmente inscrito en el tarjetón del Pacto Histórico, aunque posteriormente retiró su candidatura. Para la MOE, este hecho no es irrelevante, ya que su inscripción formal tuvo efectos administrativos, como el rechazo por parte de la Registraduría de la inscripción de un grupo significativo de ciudadanos que lo respaldaba.
Desde la perspectiva de Muñoz, aunque se argumenta que Quintero no participó efectivamente en la consulta, el simple hecho de haber estado inscrito podría tener implicaciones legales que deben ser evaluadas. Este antecedente podría afectar su eventual participación en una nueva consulta interpartidista.
Frente a esta controversia, el Consejo Nacional Electoral ha optado por mantener una postura prudente. Cristian Quiroz, presidente del CNE, señaló que el organismo no ha iniciado ningún análisis formal sobre los casos de Cepeda y Quintero, debido a que hasta el momento no se ha presentado ninguna acción jurídica o reclamación que cuestione sus candidaturas. Mientras no exista un proceso legal en curso, el CNE continuará al margen del debate, dejando abierta la posibilidad de pronunciarse solo si se presenta una solicitud formal que obligue a revisar la aplicación de la norma electoral.
