Un grupo de expresidentes y exmagistrados de las Altas Cortes emitió un concepto jurídico en el que sostiene que la doble nacionalidad no constituye una inhabilidad para que un colombiano por nacimiento aspire a la Presidencia de la República. El pronunciamiento surge en medio del debate generado por cuestionamientos sobre la elegibilidad del candidato presidencial Abelardo De La Espriella debido a su nacionalidad estadounidense.
El documento fue suscrito por reconocidos juristas, entre ellos los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz Delgado, José Reyes Cuartas, Alejandro Linares Cantillo y Luis Guerrero Pérez; los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar y Fernando Castillo Cadena; así como varios expresidentes y exmagistrados del Consejo de Estado.
En el concepto, los firmantes explican que el régimen de inhabilidades para ejercer cargos públicos en Colombia es de carácter taxativo, lo que significa que únicamente pueden aplicarse las restricciones expresamente establecidas en la Constitución y la ley. En ese sentido, señalaron que la prohibición relacionada con la doble nacionalidad contempla una excepción específica para los colombianos por nacimiento.
Según el documento, la Constitución de 1991 establece que los colombianos por nacimiento no pierden su nacionalidad al adquirir otra ciudadanía y conservan plenamente sus derechos políticos, incluida la posibilidad de aspirar a la Presidencia de la República.
Los juristas también indicaron que los juramentos o compromisos asumidos durante procesos de naturalización en otros países no generan inhabilidades dentro del ordenamiento jurídico colombiano, ya que su alcance legal corresponde exclusivamente al país donde fueron realizados.
Asimismo, recordaron que cualquier controversia relacionada con la elegibilidad de los candidatos debe ser analizada por las autoridades competentes dentro de los mecanismos institucionales previstos por la legislación electoral.
Finalmente, los firmantes consideraron inapropiado que, a pocos días de las elecciones presidenciales, se divulguen conceptos orientados a cuestionar la capacidad jurídica de uno de los aspirantes, insistiendo en que este tipo de debates deben resolverse mediante los procedimientos establecidos por las instituciones del Estado.
