GENERALES

El candidato al Senado por el partido AICO, Rubén Marino, avanza en la consolidación de su proyecto político mediante un intenso trabajo territorial, centrado en el contacto directo con las comunidades y el fortalecimiento de su presencia en los barrios y municipios del Atlántico. Durante la más reciente semana, el aspirante lideró una jornada de visitas casa a casa en el suroriente de Barranquilla, una zona clave dentro de su trayectoria política y de su base electoral.

El recorrido incluyó los barrios Rebolo, La Chinita y La Luz, sectores populares en los que Rubén Marino ha mantenido una relación constante a lo largo de los años. En estos lugares, el candidato sostuvo encuentros con líderes comunitarios, comerciantes, familias y habitantes en general, con quienes dialogó sobre las principales problemáticas que afectan a la comunidad, así como sobre sus expectativas frente al futuro del país y el papel del Congreso de la República.

Durante las visitas, Marino escuchó de primera mano inquietudes relacionadas con el empleo, la seguridad, el acceso a servicios básicos, la educación y las oportunidades para los jóvenes. Estos intercambios, según el candidato, son fundamentales para la construcción de propuestas legislativas que respondan a las realidades del territorio y no a agendas alejadas de las necesidades ciudadanas. En ese sentido, reiteró que su visión política está enfocada en el fortalecimiento de lo social, el impulso al desarrollo regional y la promoción de una participación ciudadana más activa en la toma de decisiones públicas.

El trabajo realizado en el suroriente de Barranquilla permitió, además, reafirmar el respaldo de una zona que ha acompañado su gestión y su ejercicio público durante años. De acuerdo con el equipo de campaña, estas actividades contribuyen a consolidar un vínculo directo con la ciudadanía, basado en la cercanía, la escucha permanente y la confianza construida a lo largo del tiempo. Asimismo, fortalecen la presencia del proyecto político de Rubén Marino en los territorios, uno de los pilares de su aspiración al Senado.

Como parte de su agenda política, el candidato anunció que este domingo se desplazará al municipio de Palmar de Varela, donde encabezará una gran concentración ciudadana. El evento, que reunirá a cerca de mil personas, busca convertirse en un espacio de encuentro con simpatizantes, líderes sociales y ciudadanos interesados en conocer de primera mano las propuestas del aspirante y su visión legislativa para el país y la región Caribe.

Esta movilización en Palmar de Varela se suma a una serie de actividades que Rubén Marino viene desarrollando en distintos municipios, con el objetivo de ampliar su alcance electoral y fortalecer la estructura de su campaña de cara a las elecciones legislativas. Según el candidato, estos espacios permiten no solo socializar sus propuestas, sino también recoger insumos y aportes de la comunidad que nutran su agenda política.

Con estas acciones, Rubén Marino ratifica su apuesta por una campaña cercana a la gente, basada en el contacto directo con las comunidades y en la construcción colectiva de propuestas desde los territorios. Su estrategia se enfoca en recorrer barrios y municipios, escuchar a la ciudadanía y consolidar un proyecto político que, desde el Congreso, impulse iniciativas orientadas al bienestar social, el desarrollo regional y una mayor inclusión de las voces ciudadanas en la vida política del país.

El movimiento político Pacto Histórico envió una carta formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando claridad jurídica sobre la posibilidad de que su candidato presidencial, Iván Cepeda, participe en la consulta interpartidista programada para el próximo 8 de marzo. La petición surge en medio de un debate institucional generado tras un comunicado conjunto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en el que se plantearon inquietudes sobre la eventual doble participación de partidos y ciudadanos en procesos de consulta.

El pronunciamiento de las entidades de control puso en cuestión si las organizaciones políticas y los ciudadanos que participaron en las consultas realizadas el 26 de octubre de 2025 pueden volver a hacer parte de las consultas previstas para marzo de 2026. Ante este escenario, el Pacto Histórico consideró necesario dirigirse directamente al CNE para exponer su posición y solicitar una interpretación clara de la normatividad electoral vigente.

En la carta, el movimiento señala que la inquietud planteada por los organismos de control afecta de manera directa al Pacto Histórico y a su precandidato presidencial, debido a su participación en la consulta del 26 de octubre del año anterior. Por esta razón, afirma que resulta fundamental presentar elementos jurídicos y políticos que permitan resolver el interrogante y, en consecuencia, garantizar su participación en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

“El propósito de esta comunicación es dar respuesta a dicho interrogante y permitir la participación política de nuestro movimiento en la consulta programada para el 8 de marzo”, señala el documento, en el que el Pacto Histórico defiende su derecho a competir dentro del marco legal y constitucional. Según el movimiento, no existe impedimento normativo que limite su participación en una nueva consulta, siempre y cuando esta se realice en un contexto distinto y con un objetivo político claramente definido.

El Pacto Histórico también destacó que, de manera oportuna, expresó ante las autoridades electorales su “intención clara y decidida” de participar en la consulta del 8 de marzo. Esta participación, según se explica en la carta, tiene como objetivo seleccionar una candidatura presidencial única dentro del marco de una coalición, estrategia que busca fortalecer sus opciones electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En el documento, el movimiento subraya que esta decisión hace parte de una estrategia política abierta, transparente y comunicada oportunamente desde el año pasado a las autoridades electorales competentes. De acuerdo con el Pacto Histórico, dicha estrategia está orientada a la construcción de una candidatura presidencial sólida, capaz de garantizar la victoria electoral y de profundizar el proyecto de gobierno que actualmente impulsa el sector progresista en el país.

La solicitud enviada al CNE se da en un contexto de alta tensión política y jurídica, en el que las reglas de juego de las consultas interpartidistas se han convertido en un tema central del debate electoral. Para el Pacto Histórico, una eventual restricción a su participación no solo afectaría su estrategia política, sino que también podría vulnerar el derecho fundamental a la participación democrática de sus militantes y simpatizantes.

La decisión que adopte el Consejo Nacional Electoral será clave para definir el alcance de la consulta del 8 de marzo y el panorama político previo a la primera vuelta presidencial. Mientras tanto, el Pacto Histórico insiste en la necesidad de contar con reglas claras y garantías plenas para todos los actores políticos, en un proceso que marcará el inicio formal de la recta final hacia las elecciones presidenciales de 2026.

La coalición de derecha denominada La Gran Consulta avanza en su proceso de definición de liderazgos rumbo a las elecciones presidenciales con la participación de nueve aspirantes en El Debate de la Gente, un espacio de interacción ciudadana organizado por Noticias RCN en alianza con CityTV, La FM y El Tiempo. Este encuentro se realiza como antesala a las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo y se convierte en un escenario clave para medir el respaldo ciudadano y el posicionamiento de cada candidatura.

El debate se desarrollará en un momento determinante para el país, marcado por la polarización política, los retos económicos y sociales, y la búsqueda de una alternativa de gobierno desde los sectores de derecha y centroderecha. A diferencia de otros formatos tradicionales, El Debate de la Gente permitirá que los ciudadanos planteen de manera directa sus inquietudes, preocupaciones y expectativas a los aspirantes presidenciales, fortaleciendo el componente participativo del ejercicio democrático.

Dentro del grupo de aspirantes se destacan dos candidatas. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, llega al debate como la candidata oficial de su partido, tras haber sido elegida mediante una encuesta interna. Valencia representa una de las corrientes más visibles del uribismo y ha centrado su discurso en temas como la seguridad, la institucionalidad y la crítica a las políticas del actual Gobierno. Por su parte, Vicky Dávila, reconocida periodista con más de tres décadas de trayectoria en medios de comunicación, participa como una figura outsider, apostando por un discurso enfocado en la independencia política, la lucha contra la corrupción y la conexión directa con la ciudadanía.

El grupo de aspirantes se completa con siete figuras de amplia trayectoria pública. David Luna, excongresista y candidato de Cambio Radical, vuelve a la contienda presidencial tras su participación en las elecciones de 2022. Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), llega respaldado por el movimiento Con Toda por Colombia y más de 877.000 firmas ciudadanas, consolidándose como una opción técnica con énfasis en datos y políticas públicas.

También participa Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, con una propuesta centrada en el desarrollo urbano, la movilidad y la gestión administrativa; así como Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, aspirante por el movimiento Avanza Colombia, quien ha puesto el acento en la estabilidad económica y la confianza inversionista. Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, propone una agenda enfocada en la participación ciudadana, la seguridad y la renovación política.

La lista se completa con Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, con experiencia en administración territorial, y Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien confirmó recientemente su ingreso a La Gran Consulta y representa una línea fuerte en temas de seguridad y política internacional.

Durante el debate, los nueve aspirantes abordarán los principales temas de coyuntura nacional, como seguridad, economía, empleo, lucha contra la corrupción, política social y gobernabilidad. El ejercicio busca no solo contrastar propuestas, sino también medir el pulso ciudadano y perfilar quiénes tienen mayor capacidad de liderazgo dentro de la coalición. El Debate de la Gente se perfila así como un paso decisivo en la definición del rumbo político de La Gran Consulta de cara a las presidenciales.

La senadora María Fernanda Cabal oficializó su renuncia al Centro Democrático, el partido fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un hecho que evidencia una profunda fractura interna dentro de la colectividad en un momento clave del calendario político, de cara a las elecciones presidenciales. La decisión fue adoptada conjuntamente con su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), y quedó formalizada en una carta dirigida a las directivas del partido.

El documento, fechado el viernes 23 de enero, un día antes de la convención partidista, expone las razones de la ruptura. Según Cabal y Lafaurie, el detonante principal fueron las dudas y cuestionamientos sobre el proceso interno que derivó en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. En la misiva aseguran que dicho procedimiento no ofreció las garantías políticas necesarias, lo que, a su juicio, imposibilita su permanencia dentro de la colectividad.

“No queremos continuar en el partido. Sentimos que no tenemos espacio”, señala de manera contundente la carta, reflejando el nivel de inconformidad con la actual dirigencia y el rumbo interno del partido. En el mismo texto, ambos solicitan una salida “digna” y plantean la posibilidad de una escisión que permita a María Fernanda Cabal conformar su propia agrupación política dentro del marco legal vigente. Esta alternativa supondría un quiebre significativo dentro del uribismo, movimiento que históricamente ha intentado mantener una imagen de unidad frente a la opinión pública.

La respuesta desde el Centro Democrático fue inmediata. Paloma Valencia descartó de plano cualquier posibilidad de división interna y aseguró que no habrá escisiones dentro del partido. En declaraciones públicas, la candidata presidencial reconoció la importancia política de Cabal dentro del uribismo y reveló que incluso le propuso asumir la gerencia de su campaña presidencial, como un gesto orientado a preservar la cohesión interna y sumar fuerzas en la carrera electoral. Sin embargo, hasta el momento, la senadora renunciante no ha aceptado ni respondido a dicha invitación.

La salida de María Fernanda Cabal representa un golpe significativo para la cohesión interna del Centro Democrático, una colectividad que en los últimos años ha enfrentado tensiones entre distintas corrientes ideológicas y liderazgos. Cabal ha sido una de las figuras más visibles, controversiales y mediáticas del partido, con una base de apoyo sólida entre sectores conservadores y críticos del actual Gobierno, lo que amplifica el impacto político de su renuncia.

Este episodio se suma a un contexto de creciente fragmentación dentro de la oposición, donde los partidos tradicionales enfrentan dificultades para consolidar liderazgos claros y propuestas unificadas. La salida de Cabal abre interrogantes sobre su futuro político inmediato, incluyendo la posibilidad de que impulse un proyecto propio por fuera del Centro Democrático o que busque alianzas con sectores ideológicamente afines.

En un panorama más amplio, la renuncia de María Fernanda Cabal no solo debilita al Centro Democrático en la carrera presidencial, sino que también refleja las tensiones estructurales que atraviesan los partidos de oposición en un escenario electoral cada vez más competitivo, fragmentado y abierto al reacomodo de fuerzas rumbo a las elecciones presidenciales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció las reglas financieras que regirán las consultas presidenciales programadas para el próximo 8 de marzo, al confirmar tanto el valor de reposición por voto válido como el tope máximo de gastos de campaña para los partidos y movimientos políticos que participarán en este mecanismo de selección interna. La decisión hace parte de las medidas adoptadas por la autoridad electoral para garantizar la transparencia, la equidad y el control del financiamiento político durante el proceso.

De acuerdo con lo informado por el CNE, el valor de reposición por cada voto válido obtenido en las consultas presidenciales será de 8.287 pesos. Este monto corresponde al reconocimiento económico que el Estado entrega a las organizaciones políticas por los votos efectivamente alcanzados, con el objetivo de contribuir a la financiación de las campañas y reducir la dependencia de recursos privados. La reposición de votos es uno de los instrumentos establecidos en la normativa electoral colombiana para promover la igualdad de condiciones entre los distintos competidores.

Asimismo, el organismo electoral confirmó que el tope máximo de gastos de campaña fue fijado en 18.555 millones de pesos. Esta cifra fue actualizada teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que permite ajustar periódicamente los límites de financiación de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Con esta actualización, el CNE busca que los montos autorizados reflejen las condiciones económicas actuales y eviten distorsiones en la competencia electoral.

Las disposiciones anunciadas aplicarán a todas las campañas que participen en las consultas internas de los partidos y movimientos políticos, las cuales se llevarán a cabo de manera simultánea el 8 de marzo. En estos comicios, las colectividades definirán a sus candidatos presidenciales con miras a las elecciones nacionales, en un proceso que se considera clave dentro del calendario político y electoral del país.

Desde el punto de vista institucional, el CNE reiteró que el establecimiento de topes de gastos y valores de reposición constituye una herramienta fundamental para prevenir prácticas irregulares, como la financiación indebida o el uso excesivo de recursos económicos que puedan afectar la libre competencia política. De igual manera, recordó que las campañas estarán sujetas a controles, auditorías y eventuales sanciones en caso de incumplimiento de las normas vigentes.

Analistas en materia electoral han señalado que la claridad en las reglas financieras resulta especialmente relevante en un contexto de alta polarización política y de creciente escrutinio ciudadano sobre el origen y destino de los recursos utilizados en las campañas. En ese sentido, la definición anticipada de los topes y de la reposición por voto contribuye a fortalecer la confianza en el proceso y a brindar mayor seguridad jurídica a los actores políticos.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral hizo un llamado a los partidos, movimientos y candidatos a cumplir estrictamente con los límites establecidos y a reportar de manera oportuna y transparente sus ingresos y gastos de campaña. Con estas decisiones, el organismo busca asegurar que las consultas presidenciales de marzo se desarrollen bajo principios de legalidad, equidad y transparencia, sentando las bases para un proceso electoral ordenado y confiable.

W.T

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió dejar sin efectos la acción de tutela que buscaba impedir la participación del senador Iván Cepeda en la consulta política programada para el próximo mes de marzo. La determinación judicial reactivó el debate jurídico y político en torno al uso de la tutela en escenarios electorales y a los límites de este mecanismo constitucional dentro de los procesos democráticos.

La tutela había sido interpuesta con el argumento de que la eventual participación de Cepeda en la consulta vulneraba principios de equidad y legalidad, por lo que se solicitaba una medida urgente que lo excluyera del proceso mientras se resolvía de fondo la controversia. Los demandantes sostenían que su presencia podría afectar la transparencia del mecanismo de consulta y generar desequilibrios dentro de la competencia política.

Sin embargo, tras analizar el caso, el Tribunal concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para controvertir decisiones relacionadas con la participación política en una consulta. En su fallo, la corporación señaló que el ordenamiento jurídico colombiano contempla otros medios judiciales ordinarios y electorales para tramitar este tipo de reclamaciones, los cuales deben agotarse antes de acudir a la jurisdicción constitucional.

Uno de los puntos centrales del análisis del Tribunal fue la inexistencia de un perjuicio irremediable, requisito indispensable para que proceda de manera excepcional la acción de tutela, especialmente en asuntos de carácter electoral. Según el fallo, no se evidenció una afectación grave, inminente o irreversible que justificara la intervención inmediata del juez constitucional para suspender la participación del senador en el proceso de consulta.

Asimismo, la decisión enfatizó que el derecho fundamental a la participación política, tanto de los ciudadanos como de los aspirantes y dirigentes políticos, no puede ser restringido de forma anticipada sin una base jurídica sólida y sin el agotamiento de los procedimientos previstos en la ley. El Tribunal advirtió que limitar este derecho sin un sustento claro podría afectar el normal desarrollo de los procesos democráticos.

Con esta determinación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efecto la orden que pretendía frenar la participación de Iván Cepeda, permitiendo que la consulta avance conforme al calendario establecido por las autoridades electorales competentes. El fallo fue interpretado por distintos sectores como un respaldo a la autonomía del sistema electoral y a la necesidad de evitar que las tutelas se conviertan en herramientas para alterar o suspender dinámicas propias de la competencia política.

Desde el entorno del senador Cepeda, la decisión fue recibida como una ratificación de sus derechos políticos y como una señal de que las controversias deben resolverse en los escenarios institucionales adecuados, sin recurrir a atajos judiciales. En contraste, los promotores de la tutela manifestaron su desacuerdo con el fallo y anunciaron que continuarán explorando otras vías legales para cuestionar presuntas irregularidades dentro del proceso de consulta.

El caso vuelve a poner en discusión el uso recurrente de la acción de tutela en asuntos electorales, una práctica que ha generado tensiones entre la justicia constitucional y la jurisdicción electoral en Colombia. Para expertos en derecho público, decisiones como esta buscan preservar la estabilidad de los procesos democráticos y evitar que medidas provisionales interfieran con la voluntad política antes de un pronunciamiento de fondo, en un contexto marcado por la alta polarización nacional.

W.T

La congresista Ingrid Aguirre denunció públicamente haber sido víctima de presuntos actos de violencia política, humillaciones y prácticas degradantes al interior del movimiento Fuerza Ciudadana, organización política liderada por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Las denuncias fueron dadas a conocer a través de una carta dirigida a la opinión pública, con membrete oficial de la Cámara de Representantes, en la que Aguirre explicó las razones que la llevaron a presentar su renuncia al partido el pasado 29 de octubre de 2025.

En el documento, la congresista señala que, en un primer momento, decidió retirarse del movimiento de manera discreta, “en silencio, con altura y sin peleas”, con el propósito de evitar confrontaciones públicas. Sin embargo, afirma que recientes pronunciamientos de Fuerza Ciudadana sobre su salida la motivaron a exponer con mayor detalle los hechos que, según su versión, marcaron su experiencia dentro del proyecto político y que considera constituyen violencia política en su contra.

Entre los episodios relatados, Aguirre destacó un hecho ocurrido durante la Gran Parada de Caimanes, en el marco del Festival Nacional del Caimán Cienaguero. De acuerdo con la congresista, lo que fue presentado públicamente como una manifestación cultural se convirtió en un “ataque violento y deliberado” en su contra. Aseguró que ese episodio hizo parte de una serie de acciones orientadas a desacreditarla y humillarla en escenarios públicos, afectando no solo su imagen política sino también su dignidad personal.

La exintegrante de Fuerza Ciudadana también denunció haber sido objeto de humillaciones públicas, señalamientos constantes y presiones para que renunciara a su curul en el Congreso de la República. Según su relato, estas acciones habrían estado acompañadas de un progresivo aislamiento político dentro del movimiento, lo que, a su juicio, buscaba debilitar su liderazgo y forzar su salida definitiva del proyecto político.

Uno de los señalamientos más graves contenidos en la carta es la supuesta obligación de someterse a pruebas de polígrafo como mecanismo para demostrar su lealtad al movimiento. Aguirre calificó este hecho como una práctica degradante e incompatible con los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos, especialmente tratándose de una mujer que ejercía un cargo de elección popular.

En su pronunciamiento, la congresista responsabilizó directamente a Carlos Eduardo Caicedo Omar de haber ordenado las acciones que denuncia, las cuales —según afirmó— habrían sido ejecutadas por Rafael Martínez, también figura destacada del movimiento. Estas acusaciones elevan el tono de la controversia y abren un nuevo capítulo de tensión política alrededor de Fuerza Ciudadana.

Finalmente, Ingrid Aguirre hizo un llamado de atención sobre la normalización de la violencia política contra las mujeres en Colombia. Advirtió que resulta inaceptable el uso de expresiones culturales o tradiciones populares como justificación para actos de humillación, maltrato o exclusión en escenarios públicos, e insistió en la necesidad de visibilizar y rechazar este tipo de prácticas dentro de los partidos y movimientos políticos.

W.T

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, se refirió al panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y aseguró que el principal objetivo de la derecha colombiana es derrotar al petrismo, independientemente de quién resulte elegido como candidato único. Según afirmó, la prioridad es generar un cambio de rumbo en el país y corregir, a su juicio, los efectos negativos de las políticas del actual Gobierno.

Valencia señaló que no descarta alianzas con otros sectores políticos afines ideológicamente, siempre y cuando se logre una candidatura unificada a través de la denominada Gran Consulta. Este mecanismo, explicó, busca que sea la ciudadanía la que defina, mediante el voto, quién debe representar a la derecha en la contienda presidencial. Para la congresista, este proceso envía un mensaje de unidad y fortalecimiento democrático, al permitir que distintas corrientes se pongan de acuerdo en torno a un objetivo común.

Durante sus recorridos por diferentes regiones del país, la senadora destacó la importancia del contacto directo con los ciudadanos para conocer de primera mano sus necesidades y preocupaciones. En ese sentido, afirmó que Colombia no debe resignarse a ser un país marcado por la pobreza y la violencia, sino que tiene el potencial de avanzar hacia mayores niveles de desarrollo, seguridad y bienestar social.

En sus declaraciones, Valencia también se refirió a Barranquilla, ciudad que destacó como ejemplo de buena gestión pública. Coincidió con recientes comentarios del expresidente Álvaro Uribe sobre las fortalezas de la capital del Atlántico en materia de recaudo y administración. A su juicio, Barranquilla demuestra que la política puede generar transformaciones positivas cuando hay liderazgo, planeación y ejecución eficiente de los recursos públicos.

No obstante, la senadora fue crítica con el Gobierno nacional, al que acusó de haberle retirado apoyo a la ciudad en varios frentes. Entre sus señalamientos mencionó la pérdida de los Juegos Panamericanos, la falta de respaldo para eventos internacionales, el abandono en materia de seguridad y el incremento de la extorsión. Asimismo, cuestionó propuestas relacionadas con el traslado de cabecillas de grupos armados en el marco de la política de “paz total”. En contraste, resaltó la gestión del alcalde y del gobernador del Atlántico, a quienes atribuyó avances en infraestructura, espacios públicos y desarrollo urbano.

En el ámbito electoral, Valencia reiteró su aspiración de convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia, subrayando la importancia de que el país tenga la oportunidad de ser gobernado por una mujer. Sin embargo, enfatizó que la unidad de la derecha está por encima de las aspiraciones individuales y aseguró que respaldará a cualquier candidato que resulte ganador de la consulta y que represente una alternativa al petrismo.

Finalmente, la senadora lanzó fuertes críticas contra el Gobierno y la izquierda, a quienes responsabilizó del deterioro de sectores como la salud, la energía, la economía y la seguridad. Además, cuestionó presuntos escándalos de corrupción y vínculos de figuras de ese sector político, insistiendo en que estos hechos deberían generar mayor rechazo ciudadano de cara a las próximas elecciones.

W.T

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se anticipó a un eventual escenario de controversia jurídica tras su inscripción a la consulta interpartidista de la izquierda, denominada Pacto Amplio, prevista para el próximo 8 de marzo. Aunque reiteró que no se encuentra inhabilitado para participar en este mecanismo de selección, aseguró que está preparado para responder tanto en el plano jurídico como en el político, incluso con movilizaciones ciudadanas, en caso de que alguna autoridad intente frenar su aspiración.

En las últimas semanas, distintos sectores políticos han advertido que Cepeda no podría presentarse a la consulta interpartidista debido a su participación previa en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025. En esa jornada, el hoy candidato fue elegido como figura clave para la organización de las listas al Congreso, lo que, según sus detractores, configuraría una doble participación en consultas electorales. Cepeda, sin embargo, ha rechazado de manera categórica estos señalamientos.

El senador explicó que la consulta realizada en octubre tuvo un carácter estrictamente partidista y no interpartidista, por lo que, a su juicio, no existe ninguna inhabilidad legal para presentarse al Pacto Amplio. “Hemos advertido que una decisión de esta naturaleza configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política”, afirmó. Además, destacó que en esa consulta participaron más de 2,7 millones de personas y que más de 1,5 millones respaldaron su candidatura dentro del Pacto Histórico, lo que, según él, refuerza la legitimidad de su aspiración presidencial.

Pese a estos argumentos, Cepeda reconoció que es probable que, una vez formalice su inscripción, lleguen recursos al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la revocatoria de su participación en la consulta de marzo. Frente a este escenario, recordó que el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, ha señalado recientemente que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud relacionada con la campaña de Cepeda. El aspirante deberá inscribirse oficialmente a más tardar el viernes 6 de febrero.

El candidato del Pacto Histórico fue enfático en advertir que, si llegara a ser inhabilitado, consideraría que se trata de una vulneración directa a sus derechos políticos. “Esto significaría de una manera absolutamente clara y abierta una violación de nuestros derechos, y por supuesto motivaría a la movilización del Pacto Histórico y a las respuestas de carácter jurídico y político que consideremos adecuadas”, sostuvo.

Cepeda no solo ha reiterado públicamente su decisión de participar en el Pacto Amplio, sino que también comunicó esta postura a Roy Barreras y Camilo Romero, los otros dos candidatos confirmados para esta consulta. Los tres sostuvieron recientemente una reunión en el apartamento de Cepeda, en la que también participó el exministro Juan Fernando Cristo. Este último aún no define a qué consulta se sumará, pues mantiene conversaciones tanto con sectores del progresismo como con Claudia López, quien impulsa una tercera alternativa de consulta presidencial.

Mientras se resuelven estas definiciones políticas y jurídicas, Iván Cepeda continúa con su agenda de campaña a nivel nacional. En los últimos días estuvo en Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, acompañado de aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico. Previamente, recorrió el suroccidente del país, donde sostuvo encuentros con organizaciones de mujeres y líderes indígenas que expresaron su respaldo a su candidatura presidencial.