GENERALES

La congresista Ingrid Aguirre denunció públicamente haber sido víctima de presuntos actos de violencia política, humillaciones y prácticas degradantes al interior del movimiento Fuerza Ciudadana, organización política liderada por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Las denuncias fueron dadas a conocer a través de una carta dirigida a la opinión pública, con membrete oficial de la Cámara de Representantes, en la que Aguirre explicó las razones que la llevaron a presentar su renuncia al partido el pasado 29 de octubre de 2025.

En el documento, la congresista señala que, en un primer momento, decidió retirarse del movimiento de manera discreta, “en silencio, con altura y sin peleas”, con el propósito de evitar confrontaciones públicas. Sin embargo, afirma que recientes pronunciamientos de Fuerza Ciudadana sobre su salida la motivaron a exponer con mayor detalle los hechos que, según su versión, marcaron su experiencia dentro del proyecto político y que considera constituyen violencia política en su contra.

Entre los episodios relatados, Aguirre destacó un hecho ocurrido durante la Gran Parada de Caimanes, en el marco del Festival Nacional del Caimán Cienaguero. De acuerdo con la congresista, lo que fue presentado públicamente como una manifestación cultural se convirtió en un “ataque violento y deliberado” en su contra. Aseguró que ese episodio hizo parte de una serie de acciones orientadas a desacreditarla y humillarla en escenarios públicos, afectando no solo su imagen política sino también su dignidad personal.

La exintegrante de Fuerza Ciudadana también denunció haber sido objeto de humillaciones públicas, señalamientos constantes y presiones para que renunciara a su curul en el Congreso de la República. Según su relato, estas acciones habrían estado acompañadas de un progresivo aislamiento político dentro del movimiento, lo que, a su juicio, buscaba debilitar su liderazgo y forzar su salida definitiva del proyecto político.

Uno de los señalamientos más graves contenidos en la carta es la supuesta obligación de someterse a pruebas de polígrafo como mecanismo para demostrar su lealtad al movimiento. Aguirre calificó este hecho como una práctica degradante e incompatible con los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos, especialmente tratándose de una mujer que ejercía un cargo de elección popular.

En su pronunciamiento, la congresista responsabilizó directamente a Carlos Eduardo Caicedo Omar de haber ordenado las acciones que denuncia, las cuales —según afirmó— habrían sido ejecutadas por Rafael Martínez, también figura destacada del movimiento. Estas acusaciones elevan el tono de la controversia y abren un nuevo capítulo de tensión política alrededor de Fuerza Ciudadana.

Finalmente, Ingrid Aguirre hizo un llamado de atención sobre la normalización de la violencia política contra las mujeres en Colombia. Advirtió que resulta inaceptable el uso de expresiones culturales o tradiciones populares como justificación para actos de humillación, maltrato o exclusión en escenarios públicos, e insistió en la necesidad de visibilizar y rechazar este tipo de prácticas dentro de los partidos y movimientos políticos.

W.T

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, se refirió al panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y aseguró que el principal objetivo de la derecha colombiana es derrotar al petrismo, independientemente de quién resulte elegido como candidato único. Según afirmó, la prioridad es generar un cambio de rumbo en el país y corregir, a su juicio, los efectos negativos de las políticas del actual Gobierno.

Valencia señaló que no descarta alianzas con otros sectores políticos afines ideológicamente, siempre y cuando se logre una candidatura unificada a través de la denominada Gran Consulta. Este mecanismo, explicó, busca que sea la ciudadanía la que defina, mediante el voto, quién debe representar a la derecha en la contienda presidencial. Para la congresista, este proceso envía un mensaje de unidad y fortalecimiento democrático, al permitir que distintas corrientes se pongan de acuerdo en torno a un objetivo común.

Durante sus recorridos por diferentes regiones del país, la senadora destacó la importancia del contacto directo con los ciudadanos para conocer de primera mano sus necesidades y preocupaciones. En ese sentido, afirmó que Colombia no debe resignarse a ser un país marcado por la pobreza y la violencia, sino que tiene el potencial de avanzar hacia mayores niveles de desarrollo, seguridad y bienestar social.

En sus declaraciones, Valencia también se refirió a Barranquilla, ciudad que destacó como ejemplo de buena gestión pública. Coincidió con recientes comentarios del expresidente Álvaro Uribe sobre las fortalezas de la capital del Atlántico en materia de recaudo y administración. A su juicio, Barranquilla demuestra que la política puede generar transformaciones positivas cuando hay liderazgo, planeación y ejecución eficiente de los recursos públicos.

No obstante, la senadora fue crítica con el Gobierno nacional, al que acusó de haberle retirado apoyo a la ciudad en varios frentes. Entre sus señalamientos mencionó la pérdida de los Juegos Panamericanos, la falta de respaldo para eventos internacionales, el abandono en materia de seguridad y el incremento de la extorsión. Asimismo, cuestionó propuestas relacionadas con el traslado de cabecillas de grupos armados en el marco de la política de “paz total”. En contraste, resaltó la gestión del alcalde y del gobernador del Atlántico, a quienes atribuyó avances en infraestructura, espacios públicos y desarrollo urbano.

En el ámbito electoral, Valencia reiteró su aspiración de convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia, subrayando la importancia de que el país tenga la oportunidad de ser gobernado por una mujer. Sin embargo, enfatizó que la unidad de la derecha está por encima de las aspiraciones individuales y aseguró que respaldará a cualquier candidato que resulte ganador de la consulta y que represente una alternativa al petrismo.

Finalmente, la senadora lanzó fuertes críticas contra el Gobierno y la izquierda, a quienes responsabilizó del deterioro de sectores como la salud, la energía, la economía y la seguridad. Además, cuestionó presuntos escándalos de corrupción y vínculos de figuras de ese sector político, insistiendo en que estos hechos deberían generar mayor rechazo ciudadano de cara a las próximas elecciones.

W.T

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se anticipó a un eventual escenario de controversia jurídica tras su inscripción a la consulta interpartidista de la izquierda, denominada Pacto Amplio, prevista para el próximo 8 de marzo. Aunque reiteró que no se encuentra inhabilitado para participar en este mecanismo de selección, aseguró que está preparado para responder tanto en el plano jurídico como en el político, incluso con movilizaciones ciudadanas, en caso de que alguna autoridad intente frenar su aspiración.

En las últimas semanas, distintos sectores políticos han advertido que Cepeda no podría presentarse a la consulta interpartidista debido a su participación previa en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025. En esa jornada, el hoy candidato fue elegido como figura clave para la organización de las listas al Congreso, lo que, según sus detractores, configuraría una doble participación en consultas electorales. Cepeda, sin embargo, ha rechazado de manera categórica estos señalamientos.

El senador explicó que la consulta realizada en octubre tuvo un carácter estrictamente partidista y no interpartidista, por lo que, a su juicio, no existe ninguna inhabilidad legal para presentarse al Pacto Amplio. “Hemos advertido que una decisión de esta naturaleza configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política”, afirmó. Además, destacó que en esa consulta participaron más de 2,7 millones de personas y que más de 1,5 millones respaldaron su candidatura dentro del Pacto Histórico, lo que, según él, refuerza la legitimidad de su aspiración presidencial.

Pese a estos argumentos, Cepeda reconoció que es probable que, una vez formalice su inscripción, lleguen recursos al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la revocatoria de su participación en la consulta de marzo. Frente a este escenario, recordó que el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, ha señalado recientemente que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud relacionada con la campaña de Cepeda. El aspirante deberá inscribirse oficialmente a más tardar el viernes 6 de febrero.

El candidato del Pacto Histórico fue enfático en advertir que, si llegara a ser inhabilitado, consideraría que se trata de una vulneración directa a sus derechos políticos. “Esto significaría de una manera absolutamente clara y abierta una violación de nuestros derechos, y por supuesto motivaría a la movilización del Pacto Histórico y a las respuestas de carácter jurídico y político que consideremos adecuadas”, sostuvo.

Cepeda no solo ha reiterado públicamente su decisión de participar en el Pacto Amplio, sino que también comunicó esta postura a Roy Barreras y Camilo Romero, los otros dos candidatos confirmados para esta consulta. Los tres sostuvieron recientemente una reunión en el apartamento de Cepeda, en la que también participó el exministro Juan Fernando Cristo. Este último aún no define a qué consulta se sumará, pues mantiene conversaciones tanto con sectores del progresismo como con Claudia López, quien impulsa una tercera alternativa de consulta presidencial.

Mientras se resuelven estas definiciones políticas y jurídicas, Iván Cepeda continúa con su agenda de campaña a nivel nacional. En los últimos días estuvo en Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, acompañado de aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico. Previamente, recorrió el suroccidente del país, donde sostuvo encuentros con organizaciones de mujeres y líderes indígenas que expresaron su respaldo a su candidatura presidencial.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer las reglas e instrucciones que deberán cumplir las campañas electorales, partidos políticos y demás actores involucrados en el proceso electoral de 2026 en materia de protección de datos personales. Las directrices buscan garantizar el respeto por los derechos de los ciudadanos en un año marcado por varias etapas de elección de representantes políticos y reforzar la transparencia en el uso de la información personal con fines electorales.

Los lineamientos fueron establecidos en la Circular Externa No. 002 de 2026, mediante la cual la entidad impartió instrucciones a partidos y movimientos políticos, candidatas y candidatos, campañas, empresas de marketing electoral y otros sujetos obligados, relacionadas con el debido tratamiento de datos personales en actividades políticas o electorales. En el documento, la SIC recordó que la información personal de los ciudadanos está estrechamente vinculada a su derecho fundamental a la privacidad y al consentimiento informado.

En primer lugar, la Superintendencia enfatizó que es responsabilidad directa de todos estos actores garantizar los derechos fundamentales de los electores y cumplir estrictamente con la normativa vigente en protección de datos personales. Este marco legal está definido principalmente por la Ley 1581 de 2011 y el Decreto 1074 de 2015, que regulan el manejo, uso y almacenamiento de la información personal en Colombia.

Uno de los puntos centrales de la circular es la exigencia de contar con la autorización previa, expresa e informada de las personas antes de recolectar o utilizar sus datos personales con fines políticos. La SIC precisó que dicha autorización debe estar sustentada en información clara y suficiente sobre el uso que se dará a los datos, así como sobre los derechos que asisten a los titulares de la información. En ese sentido, los canales utilizados para la recolección de datos, ya sean físicos o digitales, deberán incluir de manera obligatoria la Política de Tratamiento de Datos Personales, avisos de privacidad y mecanismos explícitos para obtener el consentimiento del ciudadano.

La entidad también fue enfática en la prohibición del envío de mensajes con fines electorales sin autorización previa. Según la circular, no está permitido agregar a una persona a grupos de mensajería instantánea, listas de distribución o realizar envíos masivos de mensajes sin su consentimiento previo e informado. Esto implica que campañas políticas, candidatos o personas vinculadas a colectividades no pueden contactar a ciudadanos por ningún medio si estos no han autorizado expresamente el uso de sus datos. De ocurrir, se configuraría una utilización indebida o divulgación no autorizada de información personal.

Asimismo, la SIC aclaró que el tratamiento de los datos personales debe limitarse a fines constitucionalmente legítimos, claros y específicos. Solo se permite el envío de comunicaciones a miembros y afiliados de partidos y movimientos políticos con el propósito exclusivo de mantener una comunicación activa relacionada con su condición de afiliación.

Otro aspecto relevante abordado en la circular es la prohibición del perfilamiento de personas con base en su orientación política sin autorización previa, explícita e informada. La Superintendencia advirtió que esta práctica representa un riesgo de discriminación y manipulación de los electores, por lo que está expresamente restringida.

Finalmente, en relación con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, la SIC reiteró que también se requiere el consentimiento de los usuarios para el uso de sus datos personales y, cuando sea necesario, se deberá informar de manera clara sobre los contenidos generados o utilizados mediante estas tecnologías. Con estas medidas, la entidad busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar procesos electorales respetuosos de la privacidad y los derechos fundamentales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este jueves la nueva Plataforma de Postulación y Acreditación, una herramienta digital que se convertirá en el eje central para la vinculación y control de los actores encargados de vigilar los comicios de Congreso y Presidencia de la República en 2026. Con este sistema, el organismo electoral busca fortalecer la transparencia, la seguridad y la legitimidad del proceso electoral, al tiempo que moderniza y simplifica los trámites administrativos.

La principal novedad de la plataforma es la eliminación total de los procedimientos físicos. De acuerdo con el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, el sistema permitirá que las organizaciones políticas registren de manera directa a sus testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales, sin necesidad de intermediarios ni de la presentación de documentos en papel. Esto representa un cambio significativo frente a procesos anteriores, en los que la acreditación requería trámites presenciales y extensos tiempos de verificación.

“El compromiso del Consejo Nacional Electoral es garantizar unas elecciones legítimas y transparentes. Queremos que esta plataforma sea una herramienta más de la democracia para unas elecciones justas y tranquilas”, afirmó Quiroz durante el lanzamiento oficial del aplicativo. Según explicó, la digitalización del proceso permitirá mayor control institucional y reducirá riesgos asociados a errores humanos, duplicidades o posibles suplantaciones de identidad.

En materia de seguridad, la plataforma incorporará un esquema tecnológico avanzado. Cada persona acreditada recibirá una credencial digital que podrá portar en su dispositivo móvil. Además, el sistema generará un código QR único, el cual podrá ser escaneado por la Fuerza Pública en los puestos de votación para verificar, en tiempo real, la identidad y el rol del ciudadano autorizado para ejercer labores de vigilancia electoral. Este mecanismo busca facilitar el control de acceso y garantizar que solo personas debidamente acreditadas ingresen a las mesas de votación.

Otro de los elementos clave del sistema es la automatización de los actos administrativos. Una vez que los datos de los postulados sean validados, la plataforma expedirá de forma automática una resolución firmada digitalmente, en la que se especificará el puesto y la mesa de votación asignados. Este proceso no solo agiliza la acreditación, sino que también deja un registro verificable y trazable de cada autorización emitida por el CNE.

El aplicativo está diseñado para facilitar la supervisión electoral en los más de 127.000 puestos de votación habilitados en el territorio nacional y en el exterior. Al centralizar las acreditaciones en una única plataforma administrada exclusivamente por el CNE, se refuerza la trazabilidad del proceso y se garantiza que la autoridad electoral tenga control total sobre quiénes participan oficialmente en las labores de observación y control.

Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral anunció un cronograma permanente de capacitaciones dirigido a partidos y movimientos políticos. El objetivo es que las organizaciones aprendan a utilizar correctamente la herramienta y puedan ejercer un control preventivo y efectivo frente a eventuales riesgos de fraude. “La tecnología no reemplaza las instituciones, pero las fortalece”, concluyó el magistrado Quiroz, al invitar a todos los actores políticos a hacer uso de la plataforma como un aporte a la transparencia y confianza en las elecciones de 2026.

El candidato presidencial Sergio Fajardo reiteró y amplió su postura frente a posibles alianzas políticas de cara a la contienda electoral, dejando claro que no establecerá acuerdos ni con Iván Cepeda ni con Abelardo de la Espriella. A través de un video y varios mensajes públicos, el exgobernador de Antioquia marcó distancia tanto del sector político afín al presidente Gustavo Petro como de discursos que, a su juicio, no responden a la realidad del país.

En el caso de Iván Cepeda, Fajardo fue enfático al afirmar que “jamás” se aliaría con el candidato respaldado por el partido de Gobierno. En un video difundido en redes sociales, el aspirante presidencial rechazó cualquier posibilidad de convergencia política y explicó que Colombia no necesita, según sus palabras, “más gritos, más guerras ni más incendiarios que lleven el fuego para prender la llama de la rabia, del resentimiento y de la furia”. El material audiovisual incluyó imágenes del presidente Gustavo Petro sosteniendo la espada de Simón Bolívar y alusiones a la consigna de “guerra a muerte”, elementos que Fajardo utilizó para reforzar su crítica al tono y la narrativa del actual Gobierno.

El candidato también cuestionó lo que calificó como un “silencio cómplice” de Cepeda durante la campaña electoral. A través de su cuenta en X, antes Twitter, Fajardo aseguró que la falta de pronunciamientos y de liderazgo por parte del senador frente a la situación del país contribuye al “caos total” que, según él, atraviesa Colombia. En sus declaraciones, mencionó problemas como la inseguridad, el miedo ciudadano y la expansión de la rabia social, factores que atribuyó a la gestión del presidente Petro y a la ausencia de una postura crítica clara por parte de sus aliados políticos.

Fajardo fue más allá al advertir que, en caso de que Cepeda llegara a la Presidencia, el país tendría “dos presidentes”: uno que ya gobernó y que, en su opinión, seguiría ejerciendo influencia, y otro que asumiría el cargo sin capacidad real de mando. Frente a este escenario, hizo un llamado a promover un lenguaje político basado en “palabras sensatas, medidas y justas”, en contraposición a lo que considera discursos cargados de confrontación.

Además de su rechazo a Cepeda, Fajardo recordó que tampoco contempla una alianza con Abelardo de la Espriella, a quien ya había descartado previamente como posible socio político. En ese contexto, criticó las narrativas que giran en torno al comunismo en Colombia, afirmando que quienes recurren a ese tipo de discursos desconocen la realidad del país y no han dialogado con la ciudadanía para entender sus verdaderas necesidades.

Según el exgobernador, las principales preocupaciones de los colombianos están relacionadas con problemas concretos como la extorsión, el temor a salir a las calles, la presencia de bandas criminales, la corrupción y las dificultades para acceder a medicamentos. Con estas declaraciones, Fajardo, que aspira a la Presidencia por tercera vez consecutiva, busca consolidar una imagen de independencia política y centrar su propuesta en lo que considera los problemas reales que afectan a la población.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la fecha en la que los ciudadanos colombianos podrán consultar si fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones parlamentarias y las consultas presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026. De acuerdo con la entidad, a partir del 27 de enero de 2026 las personas podrán verificar esta información ingresando a la página oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, únicamente con su número de cédula de ciudadanía.

El director de Gestión Electoral, Rafael Vargas, informó que en total fueron designadas cerca de 856.000 personas como jurados de votación en todo el país. Estas personas recibirán información adicional relacionada con las capacitaciones obligatorias que deben realizar antes de la jornada electoral. Vargas hizo un llamado a la ciudadanía para que consulte oportunamente la plataforma digital, donde además de confirmar su designación, podrán conocer el día, la hora y el lugar en el que deberán asistir a la capacitación correspondiente.

La Registraduría enfatizó la importancia de que los jurados designados asistan tanto a las capacitaciones como a la jornada electoral del 8 de marzo. Según Vargas, cumplir con este deber ciudadano no solo evita sanciones legales, sino que también garantiza el adecuado desarrollo del proceso electoral. El rol de los jurados es considerado fundamental para la transparencia y legitimidad de las elecciones, ya que son responsables de tareas clave durante la votación y el escrutinio.

En cuanto a las sanciones, la entidad explicó que quienes no se presenten a cumplir sus funciones como jurados de votación, o abandonen su puesto sin una justificación válida, podrán enfrentar consecuencias severas. En el caso de los servidores públicos, la falta puede derivar en la destitución del cargo. Para los ciudadanos que no sean funcionarios públicos, la sanción consiste en una multa económica que puede llegar hasta diez salarios mínimos legales vigentes.

La Registraduría también detalló el procedimiento mediante el cual se eligen los jurados de votación. Los registradores solicitan previamente listados de ciudadanos a diversas entidades, entre ellas instituciones educativas públicas y privadas, empresas, partidos y movimientos políticos con personería jurídica, organismos sociales y grupos significativos de ciudadanos. Con esta información consolidada, se realiza un sorteo electrónico aleatorio a través de un software especializado, que garantiza la selección imparcial de los jurados.

Finalmente, la entidad recordó las principales funciones que deben cumplir los jurados de votación durante la jornada electoral. Entre estas se encuentran recibir y verificar el documento de identidad de los votantes, registrar los datos de los sufragantes en los formularios oficiales, firmar y entregar las tarjetas electorales, custodiar la urna, entregar el certificado electoral cuando corresponda, realizar los escrutinios de mesa, registrar los resultados en los documentos electorales y entregar los pliegos electorales al delegado de la Registraduría en cada puesto de votación.

La carrera hacia las consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo de 2026 enfrenta un nuevo debate jurídico relacionado con la eventual participación de algunos precandidatos que ya han pasado por mecanismos de selección interna. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la inclusión del senador Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, en la consulta del denominado Pacto Amplio podría entrar en conflicto con la legislación electoral colombiana vigente.

Según explicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, la Ley 1475 de 2011 establece límites claros para quienes ya participaron en una consulta interna. En su interpretación, la norma dispone que una persona que supera un proceso de consulta queda automáticamente habilitada como candidata para la elección correspondiente, lo que le impediría presentarse nuevamente en otra consulta dentro del mismo ciclo electoral. De acuerdo con este criterio, quienes participaron en las consultas realizadas en octubre ya habrían adquirido la condición de candidatos presidenciales para las elecciones del 31 de mayo de 2026, sin necesidad de someterse a una nueva jornada de selección.

Bajo esta lectura normativa, Iván Cepeda podría quedar excluido del tarjetón de la consulta del 8 de marzo y avanzar directamente a la primera vuelta presidencial. No obstante, Muñoz aclaró que la interpretación definitiva de la ley corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que deberá determinar si aplica o no esta restricción en el caso concreto del senador del Pacto Histórico.

El análisis de la MOE también se extiende al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Aunque actualmente cuenta con el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) para participar en una consulta de centroizquierda, su situación presenta antecedentes que generan dudas jurídicas. Quintero apareció inicialmente inscrito en el tarjetón del Pacto Histórico, aunque posteriormente retiró su candidatura. Para la MOE, este hecho no es irrelevante, ya que su inscripción formal tuvo efectos administrativos, como el rechazo por parte de la Registraduría de la inscripción de un grupo significativo de ciudadanos que lo respaldaba.

Desde la perspectiva de Muñoz, aunque se argumenta que Quintero no participó efectivamente en la consulta, el simple hecho de haber estado inscrito podría tener implicaciones legales que deben ser evaluadas. Este antecedente podría afectar su eventual participación en una nueva consulta interpartidista.

Frente a esta controversia, el Consejo Nacional Electoral ha optado por mantener una postura prudente. Cristian Quiroz, presidente del CNE, señaló que el organismo no ha iniciado ningún análisis formal sobre los casos de Cepeda y Quintero, debido a que hasta el momento no se ha presentado ninguna acción jurídica o reclamación que cuestione sus candidaturas. Mientras no exista un proceso legal en curso, el CNE continuará al margen del debate, dejando abierta la posibilidad de pronunciarse solo si se presenta una solicitud formal que obligue a revisar la aplicación de la norma electoral.

El aspirante al Senado por el partido Salvación Nacional, quien ha ocupado cargos como secretario privado en la Aerocivil y el Invías, expuso sus principales propuestas y motivaciones políticas, centradas en la promoción del emprendimiento, la participación juvenil y la transformación del Congreso de la República. En diálogo con el medio Zona Cero, el dirigente aseguró que su objetivo es impulsar desde el Legislativo reformas que eliminen trabas normativas que, a su juicio, dificultan el desarrollo económico y social del país.

Según explicó, una de sus prioridades será revisar y desmontar leyes que considera obsoletas o perjudiciales, especialmente aquellas que afectan a los emprendedores y a los jóvenes que buscan crear empresa o abrirse camino en el mercado laboral. “Hay que llegar a legislar, a quitar una cantidad de leyes que hoy están estorbando a los emprendedores, a los jóvenes, a toda la gente que quiere salir adelante en este país”, afirmó, al señalar que el exceso de regulación termina frenando las iniciativas productivas.

Dentro de sus banderas legislativas, destacó la intención de promover un proyecto de ley para eliminar la reelección inmediata de los congresistas, con el fin de democratizar el acceso al poder político. Aseguró que esta medida permitiría que más ciudadanos tengan la posibilidad de llegar al Congreso sin depender de las tradicionales estructuras políticas. “Que todos los colombianos tengamos la oportunidad de entrar al Congreso, así como yo. A veces es complicado por las maquinarias que existen, pero estamos haciendo el esfuerzo y creemos que lo vamos a lograr”, sostuvo.

El candidato también manifestó su deseo de ver un liderazgo político menos enfocado en la confrontación y más en la generación de ideas. En ese sentido, aseguró que el país necesita dirigentes comprometidos con soluciones concretas que permitan que la prosperidad llegue de manera efectiva a la población. “Quisiera ver más dirigentes enfocados en cómo lograr que las personas tengan más oportunidades de emprender y construir una nación grande, próspera y en paz”, declaró.

Durante la entrevista, explicó las razones por las cuales decidió aspirar al Senado desde un partido que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella. Señaló que el aspirante a la Presidencia ha sido blanco de ataques tanto de sectores de izquierda como de grandes conglomerados empresariales y partidos tradicionales, debido a que, según dijo, no hace parte de los grupos de poder ni recibe financiación de estos. A su juicio, De La Espriella representaría una alternativa de liderazgo independiente. “Sería un presidente sin ataduras económicas, políticas ni ideológicas, el que necesita el país”, afirmó.

El dirigente anunció además que se está preparando una gira nacional en la que Abelardo De La Espriella recorrerá distintas regiones acompañado de los candidatos al Congreso de esa colectividad, con el objetivo de fortalecer la campaña y consolidar una bancada significativa en el Legislativo. En ese contexto, aseguró que la lista del partido aspira a obtener entre ocho y diez senadores, lo que, según indicó, los convertiría en una fuerza relevante para acompañar al eventual gobierno.

Sobre el panorama político en el Atlántico, expresó su deseo de que las elecciones se desarrollen alejadas de las maquinarias tradicionales, que —según dijo— históricamente han influido de manera determinante en los resultados. Finalmente, recordó que su número en el tarjetón es el 9 dentro de la lista al Senado por Salvación Nacional, reiterando su llamado a una renovación política basada en ideas y participación ciudadana.

W.T