En la misma sesión en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debatió el futuro de la aspiración presidencial de Iván Cepeda en la consulta interpartidista, la Sala Plena del organismo tomó otra decisión de alto impacto político: revocó la candidatura de la representante Marelen Castillo en la lista al Senado del partido Centro Democrático. La determinación abrió un nuevo frente de debate jurídico en torno a la figura de la doble militancia y al estatus político de quienes llegaron al Congreso por el movimiento liderado por el fallecido Rodolfo Hernández.
Según explicó el tribunal electoral, Marelen Castillo incurriría en doble militancia si resultara elegida por el Centro Democrático. El CNE recordó que la actual congresista ocupa una curul en la Cámara de Representantes por el estatuto de la oposición, al haber sido fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022. En ese contexto, se le otorgó un escaño en la Cámara como parte de los beneficios establecidos para la segunda fuerza electoral.
De igual manera, Rodolfo Hernández recibió una curul en el Senado y, posteriormente, se le concedió la personería jurídica al movimiento que lo llevó a la segunda vuelta presidencial, la Liga de Gobernantes Anticorrupción. A partir de este reconocimiento, el CNE asumió que Castillo hacía parte de dicha colectividad, al haber llegado al Congreso en representación de ese proyecto político.
Para la autoridad electoral, aunque es cierto que las directivas de la Liga no la tuvieron en cuenta en la consolidación del partido ni en su estructura interna, el hecho de haber accedido al Congreso a través de ese movimiento es suficiente para considerar que no podía aspirar al siguiente periodo legislativo por otra colectividad distinta. En ese sentido, el CNE concluyó que su inscripción en la lista del Centro Democrático vulneraba las normas sobre doble militancia.
Tras conocerse la decisión, el equipo jurídico de Marelen Castillo interpuso de manera inmediata un recurso de apelación, con el objetivo de revertir la determinación del tribunal electoral. La congresista, por su parte, se pronunció públicamente y manifestó su desacuerdo con el fallo, al tiempo que reafirmó su confianza en las instituciones y en el Estado Social de Derecho.
“Respeto las instituciones y creo profundamente en el Estado Social de Derecho. Precisamente por eso ejerceré todos los mecanismos legales para defender mis derechos fundamentales y los de los ciudadanos que creen en una política decente y transparente”, afirmó Castillo. Asimismo, insistió en que nunca ha sido militante formal de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, argumento central de su defensa.
“Nunca he estado afiliada a un partido. Nunca he sido militante registrada. Nunca he ejercido cargos directivos en ninguna colectividad política”, sostuvo la representante, al reiterar que su llegada al Congreso no puede interpretarse como una vinculación partidista que le impida aspirar por otra colectividad.
El caso de Castillo no es el único que ha generado controversia jurídica. La consolidación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción como partido político también ha suscitado dudas sobre la situación electoral de otros congresistas que llegaron por firmas en el movimiento de Rodolfo Hernández, como Tatiana Sánchez y Juan Manuel Cortés. En estos casos, persiste la incertidumbre sobre si podrán aspirar por otros partidos o si también estarían incursos en eventuales inhabilidades.
Estas discusiones reflejan la complejidad del escenario político y jurídico que enfrenta el CNE, cuyas decisiones no solo impactan candidaturas individuales, sino que también sientan precedentes sobre la interpretación de la doble militancia y el alcance de los movimientos políticos que obtienen personería jurídica tras una elección presidencial.
