El caso de Ángel Manuel Daza Velasco, un menor trasplantado de médula ósea, ha generado preocupación en redes sociales y reavivado el debate sobre la atención a pacientes con enfermedades complejas en Colombia. La denuncia pública señala que la EPS Asmet Salud no ha autorizado el medicamento que el niño necesita para tratar una infección posterior al procedimiento, situación que, según su familia, pone en riesgo su vida.
De acuerdo con el testimonio de la madre, el menor fue sometido meses atrás a un trasplante de médula ósea debido a una anemia neoplásica severa. El procedimiento representó una esperanza para la recuperación del niño; sin embargo, actualmente enfrenta complicaciones médicas que requieren tratamiento urgente.
“Si no le damos el tratamiento a mi bebé, puede fallecer”, expresó la madre en un video difundido en redes sociales, donde solicitó la intervención de las autoridades de salud. Según relató, pese a estar afiliados a la EPS, la autorización del medicamento no ha sido aprobada, lo que ha retrasado el inicio del tratamiento contra una infección que avanza rápidamente.
El caso fue compartido por la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde, quien cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro a través de la red social X. La congresista criticó la situación de las EPS intervenidas y preguntó públicamente si el menor también sería “dejado morir”, en referencia a la crisis estructural que enfrenta el sistema de salud.
La denuncia ha provocado múltiples reacciones de ciudadanos y organizaciones que recuerdan que la salud es un derecho fundamental, especialmente en el caso de niños con patologías de alto costo y tratamientos especializados. Usuarios en redes han exigido celeridad en la autorización y mayor supervisión sobre la prestación del servicio por parte de las aseguradoras.
El caso vuelve a poner en el centro de la discusión la situación financiera y administrativa de varias EPS intervenidas por el Estado, así como los tiempos de respuesta para tratamientos prioritarios. Expertos han advertido que en enfermedades oncológicas o inmunológicas, los retrasos pueden tener consecuencias graves e irreversibles.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la autorización fue finalmente concedida ni cuáles serán las acciones adoptadas por las autoridades sanitarias. Mientras tanto, la familia de Ángel Manuel Daza permanece a la espera de una respuesta que permita garantizar la continuidad del tratamiento y proteger la vida del menor.
El episodio reabre el debate sobre la capacidad del sistema de salud para responder con oportunidad a casos de alta complejidad, en medio de la discusión nacional sobre reformas estructurales y sostenibilidad del modelo actual.
