El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, aseguró que el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de retirar del servicio al general Edwin Urrego tras recibir información anónima que no fue verificada previamente, lo que habría originado la polémica sobre un supuesto complot para incriminar al mandatario con drogas.
En declaraciones a medios radiales, Idárraga explicó que el mensaje anónimo llegó en octubre de 2025 a través del portal anticorrupción administrado por su dependencia. Sin embargo, aclaró que el sistema funciona como un canal automático que remite las comunicaciones a la correspondencia de la Presidencia, entidad encargada de distribuirlas a las áreas competentes, por lo que la denuncia no pasó por su despacho para validación.
El contenido advertía sobre un supuesto plan en Barranquilla para realizar un decomiso de drogas “plantado” con el fin de responsabilizar al presidente y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Días después, el mandatario relacionó esa información con su reunión del 3 de febrero en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump y ordenó el retiro del oficial.
No obstante, Idárraga cuestionó la coherencia temporal del documento: el mensaje fue enviado meses antes de que existiera siquiera la previsión de dicho encuentro diplomático. Además, recordó que para esa fecha Urrego se desempeñaba como comandante de Policía en Barranquilla y no tenía acceso a los vehículos oficiales de la Presidencia, cuyo control depende de la Casa Militar en Bogotá.
“El anónimo no tiene sentido en el tiempo ni en la operatividad”, afirmó el funcionario, al considerar probable que se haya cometido una injusticia con el oficial. Aun así, señaló que corresponde a la Fiscalía esclarecer el origen del mensaje y establecer responsabilidades.
El retiro de Urrego se formalizó mediante la figura de “llamado a calificar servicios”, mecanismo legal que permite la salida discrecional de oficiales sin afectar grado ni derechos pensionales. El general rechazó las acusaciones, aseguró que nunca tuvo acceso al vehículo presidencial y anunció acciones legales para controvertir su destitución, incluso ofreciendo someterse a pruebas técnicas que respalden su versión.
El caso abre un nuevo debate sobre el manejo de denuncias anónimas dentro del Estado y los procedimientos de verificación antes de adoptar decisiones administrativas de alto impacto institucional. Mientras avanzan las investigaciones, la controversia continúa generando reacciones políticas y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad presidencial.
