GENERALES

Durante la instalación de la III Asamblea General del Partido En Marcha, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo confirmó que el movimiento Frente por la Vida manifestó de manera formal su interés en participar en la consulta interpartidista programada para el próximo 8 de marzo. El anuncio introduce un nuevo elemento en el escenario político nacional y podría marcar un punto de inflexión en la conformación de alianzas de cara a las elecciones presidenciales.

Según explicó Cristo, la manifestación de interés del Frente por la Vida representa un “guiño” político relevante, en la medida en que evidencia la disposición de distintos sectores a explorar caminos de convergencia y cooperación. Para el dirigente político, la eventual participación de este movimiento en la consulta interpartidista abre la puerta a una articulación más amplia de fuerzas que buscan construir una alternativa democrática con mayor alcance y respaldo ciudadano.

En su intervención ante militantes y delegados del Partido En Marcha, Cristo destacó que la consulta interpartidista no solo tiene un carácter electoral, sino que también cumple una función estratégica en la definición de liderazgos y en la legitimación de candidaturas. A su juicio, estos mecanismos permiten ordenar el panorama político, reducir la fragmentación y fortalecer la confianza en las reglas de la democracia, al promover decisiones tomadas con mayor participación ciudadana y transparencia.

El candidato presidencial subrayó que la inclusión de nuevas fuerzas políticas en la consulta enriquecería el debate público, al ampliar la oferta de ideas y propuestas en un momento clave para el país. Indicó que la diversidad de visiones dentro de un mismo proceso democrático favorece una discusión más profunda sobre los principales desafíos que enfrenta Colombia, entre ellos la situación económica, el desarrollo social, la estabilidad institucional y la defensa de la democracia.

Cristo también hizo énfasis en la necesidad de que los partidos y movimientos trasciendan los intereses individuales y apuesten por la construcción de consensos que respondan a las demandas de la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que la posible participación del Frente por la Vida constituye una oportunidad para avanzar en acuerdos programáticos sobre temas centrales como el fortalecimiento institucional, el respeto por el Estado de derecho y la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas sociales.

La III Asamblea General del Partido En Marcha se desarrolla como un espacio clave de deliberación interna, en el que dirigentes, militantes y delegados analizan el contexto político nacional y definen las líneas estratégicas del movimiento de cara al próximo ciclo electoral. En este escenario se discuten tanto las estrategias para la consulta interpartidista como los mecanismos para fortalecer la organización territorial y la participación de las bases.

En el marco de estas deliberaciones, el Partido En Marcha evalúa los distintos escenarios de alianzas y el rol que aspira a desempeñar en la contienda presidencial. La confirmación del interés del Frente por la Vida refuerza la percepción de que la consulta del 8 de marzo será un momento decisivo para medir fuerzas, clarificar liderazgos y sentar las bases de eventuales acuerdos políticos que podrían incidir de manera determinante en el rumbo de las elecciones presidenciales.

Un nuevo enfrentamiento político se desató en las últimas horas en redes sociales entre el partido Centro Democrático y el precandidato presidencial Roy Barreras, a raíz de un viaje del exsenador a los Estados Unidos, situación que reavivó la confrontación entre sectores de oposición y figuras del progresismo.

La polémica comenzó cuando el Centro Democrático publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que cuestionó el desplazamiento de Barreras al exterior. En el trino, la colectividad aseguró que el exsenador habría realizado gestiones ante autoridades estadounidenses con el propósito de presentar un eventual respaldo del presidente Gustavo Petro a su aspiración presidencial, por encima de otras figuras del mismo espectro político, en caso de que se produjera una salida de la denominada Lista Clinton. El mensaje, cargado de ironía, se refirió a Barreras como “habilísimo”, lo que provocó una rápida reacción del precandidato.

Horas después, Roy Barreras respondió a través de la misma red social, calificando al Centro Democrático como “Centro Dividiocrático” y acusándolo de promover la división política mediante lo que denominó “mensajes de veneno”. En su pronunciamiento, el exsenador aseguró que las críticas evidencian preocupación en sectores de la oposición frente al avance del progresismo y reiteró que este movimiento político llegará unido a las próximas elecciones.

Barreras afirmó que tanto la consulta interna como los acuerdos políticos son mecanismos legítimos para consolidar la unidad del progresismo, al que calificó como la fuerza política mayoritaria en Colombia. En ese contexto, también se refirió al senador Iván Cepeda, a quien describió como un amigo personal y un dirigente sensato, destacando su disposición al diálogo y a la construcción de consensos, en línea con declaraciones previas del dirigente gremial José Félix Lafaurie.

El precandidato presidencial enfatizó que la elección del próximo mandatario colombiano será una decisión exclusiva de los ciudadanos y no de actores internacionales. “No serán países extranjeros los que voten ni decidan quién es el Presidente de Colombia”, afirmó, subrayando que las mayorías del Pacto Histórico y del Frente Amplio definirán el rumbo político del país en las urnas.

Este cruce de declaraciones se produce en medio de un ambiente político marcado por la anticipación de la contienda presidencial y por las tensiones entre el Gobierno, los sectores afines al progresismo y los partidos de oposición. El uso de las redes sociales como principal escenario de confrontación evidencia la intensidad del debate y el papel central que estas plataformas juegan en la disputa por la opinión pública.

La controversia también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la injerencia internacional, la unidad de los movimientos políticos y las estrategias que comienzan a delinearse de cara a las próximas elecciones, en un contexto de alta polarización y creciente actividad preelectoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio luz verde este viernes 30 de enero al comité promotor de la iniciativa ciudadana que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1117 de 2026, en la que la entidad electoral certificó que el comité cumple con los requisitos legales establecidos para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.

Con este aval, la iniciativa entra en una nueva fase del proceso, que permitirá a los promotores avanzar en la recolección de apoyos y en los trámites necesarios para llevar la propuesta a consideración de la ciudadanía, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Desde la Registraduría se precisó que la revisión se centró en verificar la conformación del comité, el cumplimiento de las exigencias formales y la legalidad de la solicitud presentada.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ha generado amplio debate en distintos sectores políticos y sociales del país, debido a sus posibles implicaciones sobre el orden constitucional y el alcance de las reformas que podrían impulsarse. Mientras el Gobierno ha manifestado su respaldo a la iniciativa como un mecanismo para promover cambios estructurales, sectores de la oposición han expresado reparos y han pedido cautela frente al desarrollo del proceso.

El aval otorgado por la autoridad electoral no implica aún la convocatoria formal de la Asamblea, sino que habilita el camino para que la iniciativa continúe su curso institucional, sujeto al cumplimiento de las etapas posteriores que exige la ley.

Laureano Acuña Díaz, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de La U con el número 101, se presenta como un político con amplia experiencia, cercanía con las comunidades y una marcada agenda social enfocada en los sectores más vulnerables del Atlántico. Las razones que lo llevaron a abandonar el Partido Conservador y sumarse a La U, decisión motivada, según afirmó, por la falta de compromiso de su antiguo partido con iniciativas de alto contenido social que buscaban beneficiar a la población de menores recursos.

Acuña aseguró que durante su paso por el Congreso impulsó propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la gente del común, pero encontró una fuerte oposición del Partido Conservador, así como del Centro Democrático y Cambio Radical. Para el candidato, estas colectividades no entendieron el momento histórico del país ni la necesidad de respaldar reformas sociales. En ese sentido, afirmó que no podía continuar militando en un partido que, desde su perspectiva, negaba derechos laborales y legislaba en contra de los mismos sectores populares a los que luego pedía apoyo electoral.

El aspirante también criticó duramente la postura de varios líderes conservadores frente a la Reforma a la Salud, iniciativa que consideró fundamental para corregir un sistema que, a su juicio, se encuentra desgastado y prioriza el negocio sobre el bienestar de los pacientes. Señaló que la negativa a esta reforma afecta directamente a las comunidades más pobres, especialmente a aquellas que deben esperar meses para acceder a atención especializada, tanto en Barranquilla como en municipios del sur del Atlántico. Para Acuña, Colombia necesita una reforma profunda que garantice un servicio de salud oportuno y de calidad, centrado en las personas.

Sobre su llegada al Partido de La U, destacó que se trata de una colectividad de centro que defiende la propiedad privada y la inversión, pero que al mismo tiempo respalda sin egoísmo las grandes apuestas sociales dirigidas a reducir la desigualdad. Enfatizó que su único jefe político es el ciudadano y que su compromiso es representar sus necesidades y llevar sus peticiones al Congreso.

Acuña recordó además su trayectoria de trabajo social y político en los municipios del sur del Atlántico, donde aseguró haber dejado obras concretas. Mencionó proyectos de pavimentación, parques, ciudadelas para la infancia, mallas viales, escenarios deportivos, sedes educativas, estadios de fútbol y espacios ecológicos en municipios como Manatí, Repelón, Luruaco y Ponedera. Según afirmó, estas gestiones reflejan su convicción de que el Estado debe estar al servicio de los más pobres y que la política debe entenderse como un acto de servicio.

Finalmente, el candidato denunció las dificultades que enfrentan las campañas políticas en municipios como Soledad, donde aseguró que no existen garantías plenas y que algunas expresiones de publicidad política han sido objeto de vandalismo. Cuestionó un posible conflicto de intereses relacionado con la participación política de familiares de la alcaldesa, afirmando que estas situaciones afectan la transparencia del proceso electoral.

La posible participación del senador Iván Cepeda en la consulta presidencial del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo, ha generado un intenso debate jurídico y político sobre la legalidad de su inscripción. La discusión se activó tras una comunicación conjunta enviada por la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República al tribunal electoral, en la que solicitaron un pronunciamiento formal sobre la validez de las inscripciones realizadas para este proceso.

De acuerdo con varios expertos en derecho electoral, Cepeda estaría inhabilitado para participar en esta nueva consulta debido a que ya tomó parte en las elecciones interpartidistas del Pacto Histórico realizadas en octubre del año pasado. Según esta interpretación, la legislación colombiana no permitiría que un mismo aspirante participe en dos mecanismos de selección interna dentro del mismo ciclo electoral, lo que impediría su inscripción en la consulta del Frente por la Vida como aspirante presidencial para los comicios del 31 de mayo.

Ante este escenario, Iván Cepeda manifestó que, en caso de que su inscripción sea anulada, recurrirá a una acción de tutela con el fin de que se le reconozcan sus derechos políticos. El senador considera que una eventual revocatoria vulneraría su derecho fundamental a la participación política y al debido proceso, por lo que acudiría a las instancias judiciales correspondientes para controvertir la decisión.

Desde la oposición, el debate ha sido impulsado con fuerza por el Centro Democrático. El representante a la Cámara Hernán Cadavid solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que revoque la inscripción de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Según Cadavid, la solicitud se fundamenta en lo establecido por la Ley 1475 de 2011, que regula el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y los procesos de selección de candidatos. El congresista sostuvo que Cepeda ya habría participado en otra consulta en el mes anterior y que, al hacerlo, recibió los beneficios asociados a este mecanismo, entre ellos la reposición de votos con recursos públicos.

A este análisis se sumó la Misión de Observación Electoral (MOE), que advirtió que la inclusión de Iván Cepeda en una nueva consulta podría entrar en contradicción con los límites fijados por la legislación electoral. El subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, explicó que la Ley 1475 establece una restricción clara para quienes ya han pasado por un proceso de consulta interna. En su interpretación, una vez una persona participa como precandidato en una consulta, queda automáticamente habilitada como candidato para la elección correspondiente, lo que le impediría someterse nuevamente a otro mecanismo de selección dentro del mismo periodo electoral.

“La ley señala que, una vez superado el proceso de consulta, la persona se convierte en candidato para esa elección”, afirmó Muñoz en declaraciones a Caracol Radio. Bajo este criterio, quienes participaron en las consultas realizadas en octubre habrían quedado habilitados directamente para la contienda presidencial del 31 de mayo, sin necesidad de acudir a una nueva jornada de selección.

El caso de Iván Cepeda pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los alcances de las consultas interpartidistas, la interpretación de la normativa electoral y el papel de las autoridades en la garantía de la transparencia y la equidad del proceso democrático, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales.

El panorama político nacional comienza a reconfigurarse con el anuncio del respaldo del movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, a la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Esta adhesión no solo fortalece un bloque político de derecha y centroderecha, sino que también envía una señal directa a los principales clanes y liderazgos regionales del país sobre la consolidación de nuevas alianzas de cara a la contienda electoral.

El anuncio oficial se llevó a cabo en la Plaza Botero de Medellín, un escenario cargado de simbolismo político para el uribismo y los sectores conservadores y de centroderecha. Allí, De la Espriella estuvo acompañado por figuras clave del movimiento Creemos, entre ellas Juliana Gutiérrez Zuluaga, candidata al Senado y hermana del alcalde de Medellín, así como los aspirantes a la Cámara de Representantes Luis Guillermo Patiño, Simón Molina y José Miguel Zuluaga. La presencia de estos dirigentes reforzó el mensaje de unidad y respaldo orgánico dentro del movimiento político antioqueño.

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella celebró el apoyo recibido y aseguró que esta alianza será formalizada en una próxima convención. Según explicó, el acercamiento entre su proyecto presidencial y Creemos se fundamenta en coincidencias programáticas, especialmente en temas como la seguridad ciudadana, el desarrollo urbano y la ejecución eficiente de los proyectos públicos. Estos ejes, afirmó, son pilares esenciales para recuperar la confianza ciudadana y garantizar resultados concretos en la gestión del Estado.

El candidato aprovechó el escenario para enviar un mensaje político de alto impacto al destacar la gestión de los alcaldes de Medellín y Barranquilla, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, a quienes señaló como referentes nacionales de buen gobierno. En una declaración que no pasó desapercibida, De la Espriella afirmó que no se requieren encuestas para reconocer que ambos mandatarios locales representan los mejores modelos de administración pública en Colombia, lo que fue interpretado como un guiño directo a la Casa Char y al electorado del Caribe colombiano.

De la Espriella sostuvo que su propuesta presidencial busca replicar a escala nacional los modelos administrativos implementados en Medellín y Barranquilla, con un énfasis marcado en la obtención de resultados, la descentralización del poder y el fortalecimiento de las regiones como motores de desarrollo económico y social. En este sentido, planteó que el país necesita una gestión más eficiente, cercana a los territorios y enfocada en soluciones prácticas a los problemas ciudadanos.

Analistas políticos interpretan este acercamiento como un intento estratégico de tender puentes entre Antioquia y la Costa Caribe, dos de los polos urbanos y electorales más influyentes del país. La alianza también es vista como un paso clave para consolidar una coalición de derecha que pueda competir con mayor fuerza frente a los sectores afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Al cierre del evento, Abelardo de la Espriella afirmó que el respaldo del movimiento Creemos confirma la existencia de un ambiente favorable para un cambio de rumbo en Colombia. Según señaló, su aspiración a la Casa de Nariño se sustenta en una agenda centrada en la seguridad, el orden institucional y una gestión pública eficiente, como ejes para construir una alternativa política con proyección nacional.