GENERALES

La senadora María José Pizarro se pronunció sobre la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionada con los procesos de inscripción de candidatos, y advirtió que los plazos establecidos por la autoridad electoral ya habrían vencido. A través de sus redes sociales, la congresista compartió un documento oficial en el que se señala que la fecha límite para las inscripciones fue el pasado 26 de septiembre, lo que, a su juicio, deja en evidencia posibles inconsistencias en la aplicación de la normativa electoral.

Según explicó Pizarro, el documento emitido por el propio CNE confirma que el cierre del periodo de inscripción se cumplió en la fecha indicada, por lo que cualquier trámite posterior podría generar cuestionamientos jurídicos. La senadora subrayó que el respeto por los tiempos fijados en el calendario electoral es un elemento fundamental para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre los distintos actores políticos que participan en los procesos democráticos.

La congresista también señaló que, incluso en el escenario hipotético de que se pasara por alto la fecha límite establecida, existen interpretaciones jurídicas que podrían abrir nuevos debates. De acuerdo con Pizarro, expertos en derecho electoral han advertido que la norma vigente no hace una distinción expresa entre listas partidistas e interpartidistas, lo que podría tener implicaciones directas sobre la validez de algunas inscripciones que actualmente están siendo analizadas por el organismo electoral.

Este planteamiento introduce un nuevo elemento en la discusión sobre los alcances y la interpretación de las reglas electorales, especialmente en un contexto en el que el CNE ha debido pronunciarse sobre múltiples casos relacionados con consultas, listas y candidaturas en distintas regiones del país. Para Pizarro, estas ambigüedades normativas refuerzan la necesidad de que las decisiones del ente electoral se ajusten estrictamente a la ley y a los plazos establecidos.

El pronunciamiento de la senadora se suma a una serie de controversias que han surgido en torno a la organización de consultas internas e interpartidistas, así como a la conformación de listas para distintos cargos de elección popular. En las últimas semanas, el CNE ha estado revisando expedientes, resolviendo impugnaciones y analizando recusaciones relacionadas con candidatos que buscan participar en procesos electorales, lo que ha puesto a la entidad en el centro del debate político.

En este escenario, las declaraciones de Pizarro reflejan la preocupación de varios sectores sobre la forma en que se están gestionando los procedimientos electorales y el impacto que estas decisiones pueden tener en la legitimidad de los comicios. La senadora insistió en que el cumplimiento de las normas y de los plazos no puede ser flexible ni interpretado de manera discrecional, ya que de ello depende la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Mientras el CNE continúa con el estudio de los casos pendientes y la evaluación de recursos presentados por diferentes campañas, el debate sobre la interpretación de las reglas electorales sigue abierto. Las observaciones planteadas por María José Pizarro aportan nuevos argumentos a una discusión que, más allá de los casos concretos, pone en el centro la necesidad de claridad normativa y rigor institucional en el desarrollo de los procesos electorales en Colombia.

La definición sobre la participación del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista del Frente por la Vida continúa dilatándose en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de una votación dividida y nuevos episodios que han complejizado el proceso. El lunes, la Sala Plena del organismo no logró alcanzar la mayoría exigida para tomar una decisión definitiva, lo que mantiene en suspenso la habilitación del precandidato presidencial del Pacto Histórico para competir en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo.

La votación entre los magistrados del CNE terminó con un resultado de cinco votos contra cuatro, insuficiente para adoptar una determinación en firme, ya que la normativa exige al menos seis votos. Ante este escenario, el caso pasó a manos de conjueces, quienes deberán inclinar la balanza y permitir que el organismo emita una decisión definitiva dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral.

Los conjueces principales designados para definir el futuro de la candidatura de Cepeda son Alejandro Felipe Sánchez Cerón, identificado con el Centro Democrático, y Manuel Antonio Avella, cercano al Partido Liberal. Como conjuez remanente fue designado Gustavo Martín Coral, del partido Colombia Justa Libres. Sin embargo, el proceso sufrió un nuevo giro este martes, cuando Sánchez Cerón se declaró impedido para participar en la decisión.

El conjuez argumentó su impedimento en el hecho de haber integrado la defensa jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso judicial que lo enfrentó con Iván Cepeda, una circunstancia que, a su juicio, podría afectar su imparcialidad. La declaración de impedimento deberá ser evaluada por el CNE, que tendrá que decidir si la acepta y, en consecuencia, activar el mecanismo de reemplazo correspondiente para continuar con el trámite.

Mientras se define la situación de Cepeda, desde el Frente por la Vida se ha insistido en que la incertidumbre alrededor de su inscripción no paraliza el desarrollo de la consulta con los demás aspirantes habilitados. Así lo manifestó Roy Barreras en declaraciones a Blu Radio, donde aseguró que el proceso sigue adelante con candidatos como él mismo, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, independientemente de la resolución final sobre Cepeda.

No obstante, Barreras también dejó abierta la posibilidad de explorar un acuerdo político que permita a la coalición prescindir de la consulta interpartidista y acudir directamente a la primera vuelta presidencial. Esta alternativa, aunque no ha sido formalizada, empieza a ganar espacio en el debate interno ante los retrasos y las tensiones generadas por las decisiones del CNE.

La autoridad electoral tiene como fecha límite el próximo 6 de febrero para emitir un pronunciamiento definitivo sobre el caso, un día antes de que inicie la impresión del material electoral, lo que añade presión al organismo para resolver el asunto en un plazo reducido. La falta de claridad podría tener efectos logísticos y políticos en la organización de la consulta.

En medio de este panorama, Barreras enmarcó la discusión en un contexto más amplio sobre el rumbo político del país. “Colombia está decidiendo si va hacia adelante a un cambio 2.0, si puede recuperar las certezas, la estabilidad y la unidad de la nación, o si va a un escenario de división y de extremismos”, afirmó. Sus declaraciones reflejan la dimensión política que ha adquirido la decisión del CNE, cuyo fallo no solo definirá la participación de Iván Cepeda, sino que también podría influir en la configuración del escenario electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra ante una decisión clave que definirá si el senador Iván Cepeda podrá participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, convocada por el movimiento Frente por la Vida. En medio de ese proceso, el abogado Alejandro Sánchez Cerón presentó un impedimento para actuar como conjuez en el caso, alegando posibles conflictos de interés derivados de su trayectoria profesional.

La solicitud de impedimento fue radicada ante el CNE y deberá ser evaluada por los magistrados de la corporación, quienes tendrán que aceptar o rechazar el planteamiento antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la participación de Cepeda en la consulta. Este trámite añade un nuevo elemento de tensión a un proceso que ya se encuentra marcado por divisiones internas dentro del organismo electoral.

Sánchez Cerón es identificado como representante del partido Centro Democrático y ha tenido una participación destacada en procesos judiciales de alto perfil. Entre ellos, actuó como abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un proceso en el que Iván Cepeda fue contraparte, hecho que motivó su manifestación de impedimento por considerar que podría verse comprometida su imparcialidad. Además, el conjuez también integró la defensa del empresario Emilio Tapia, condenado por su responsabilidad en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

En caso de que el CNE acepte el impedimento presentado por Sánchez Cerón, su reemplazo sería Manuel Antonio Avella, un abogado cercano al Partido Liberal. Como alternativa adicional, también se contempla el nombre de Gustavo Martín Coral, vinculado al partido Colombia Justa Libres. La eventual designación de uno de estos conjueces podría incidir en el desenlace de la votación.

La definición sobre la participación de Iván Cepeda se produce en un contexto de votación dividida en la Sala Plena del CNE. En una primera decisión, el resultado fue de cinco votos contra cuatro en contra de permitir su inclusión en la consulta. Sin embargo, la normativa establece que se requieren al menos seis votos para que una determinación de este tipo quede en firme, por lo que la decisión inicial no logró cerrar el debate.

Según versiones conocidas por medios nacionales, el magistrado Altus Baquero habría cambiado su postura frente al caso y ahora respaldaría la participación de Cepeda como precandidato del Pacto Histórico en la consulta interpartidista. De confirmarse este giro, el equilibrio de fuerzas dentro del CNE podría modificarse y abrir la puerta a una decisión favorable para el senador.

La ponencia que actualmente se encuentra en estudio sostiene que la participación previa de Iván Cepeda en una consulta interna no equivale a haber competido en una consulta interpartidista, argumento central para permitir su inclusión en la contienda del Frente por la Vida. Este razonamiento jurídico es uno de los puntos más debatidos dentro del organismo electoral.

Además de Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida participan figuras políticas como Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. La decisión del CNE no solo tendrá impacto sobre la aspiración de Cepeda, sino que también podría redefinir el panorama interno de esta coalición de cara al proceso electoral.

Por: Hugo Apresa.
Analista.

Lastimosamente para nuestra democracia el debate electoral a caído en una polarización casi qué extrema.
Está vieja costumbre se ha convertido en uno de los rasgos más visibles del debate público en nuestro país.
Éste fenómeno influenciado por bloques de poder, se manifiesta en la división profunda de la sociedad, en posturas ideológicas opuestas, en dónde se remplazan el diálogo, las propuestas constructivas, plataformas políticas, programas e incluso los partidos, por personas que buscan posicionar.

Crean caudillos, Mesías, redentores, dizque para salvar al país.
El escenario electoral de hoy plantea un debate polarizado entre petristas VS Uribistas, dónde no se deja espacio a otras opciones ” o estás aquí o estás allá”.

Está polarización constante en nuestra sangrienta historia política heredada de las guerras civiles entre centralistas y federalistas en el siglo XlX, liberales y conservadores en la llamada época de la violencia 1948-1958, que tuvo como funesto episodio el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, el periodo de pacificación del dictador Gustavo Rojas Pinilla y concluyó con el perverso engendro político del frente nacional, dónde los partidos Conservador y liberal se repartieron entre ellos los periodos de gobierno, la burocracia estatal y el erario.

Les recuerdo que en éste periodo aparecieron en los años 60 los alzamientos armados de guerrillas liberales y comunistas en el sur del tolima y los llanos orientales cómo resistencia y lucha política al mal llamado frente nacional.
” Los odios heredados” de los qué hablará nuestro prócer de las independencias de América, han proliferado y extremado la polarización en Colombia además la aparición de las redes sociales, la masificación de las comunicaciones y las nuevas tecnologías contribuyen al fraccionamiento de nuestra sociedad.

La polarización política en estás elecciones no sólo es pan de cada día si no que ha convertido el debate político en un escenario lleno de mentiras, odios y deslitimaciones de los contradictores, desconociendo muchas veces las diferencias tan necesarias en toda democracia moderna, éste conjunto de situaciónes ponen en verdadero riesgo de nuestra democracia participativa.
De mi parte invito a un sano debate electoral, con altura, respeto y tolerancia por las ideas del contrario .
H.A.A.

El precandidato presidencial Iván Cepeda finalmente sí podrá participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, junto a Roy Barreras y Camilo Romero, luego de un cambio de decisión clave dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) que modificó el equilibrio de fuerzas en ese organismo. La información fue conocida a través de Caracol Radio, que reveló que uno de los magistrados cambió su postura en el proceso de votación.

De acuerdo con lo conocido, el magistrado Altus Baquero habría modificado su decisión inicial, lo que permitió que la votación quedara 5 a 4 a favor de permitir la participación de Cepeda en la consulta. Este giro fue determinante, ya que para impedir su inclusión se requería una mayoría calificada de seis votos en contra, umbral que no se alcanzó tras el cambio de postura del magistrado.

La decisión despeja así el camino para que Iván Cepeda haga parte de la consulta del Frente por la Vida, un mecanismo que busca definir una candidatura única de cara a las elecciones presidenciales. Su inclusión fortalece el abanico de aspirantes del sector y reconfigura el escenario político, especialmente en un contexto marcado por tensiones entre distintas fuerzas ideológicas y estrategias electorales de largo alcance.

Sobre las razones detrás del cambio de decisión del magistrado Baquero, el director de La W Radio, Julio Sánchez Cristo, expuso algunas teorías que circulan en los círculos políticos. Según explicó, una de ellas apunta a que el viraje estaría relacionado con cálculos estratégicos frente al crecimiento electoral de otros sectores, en particular de la derecha.

Sánchez Cristo señaló que existe la percepción, en algunos sectores políticos, de que permitir que Paloma Valencia gane con holgura la consulta del sector de derecha podría impulsarla significativamente en las encuestas de cara a la contienda presidencial. “Hay sectores políticos a los que no les conviene que crezca tanto esa votación de Paloma, así que prefieren que gane Cepeda. Es decir, que no saque tantos votos la consulta de derecha”, afirmó el periodista, al explicar una de las interpretaciones que circulan sobre el trasfondo de la decisión.

Desde esta óptica, la habilitación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida podría responder a un intento por equilibrar el escenario electoral, evitando que una eventual victoria contundente en la consulta de derecha se traduzca en una ventaja temprana y difícil de revertir en la carrera presidencial.

Por otro lado, Sánchez Cristo mencionó una segunda teoría que también estaría influyendo en el cambio de decisión dentro del CNE. Según esta versión, permitir la participación de Cepeda sería una manera de evitar que el precandidato capitalice políticamente una eventual votación adversa. Es decir, una exclusión podría haberle permitido presentarse como víctima de una decisión institucional, obteniendo réditos políticos y fortaleciendo su narrativa frente a la opinión pública.

En ese sentido, la determinación del CNE no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también profundas repercusiones políticas, al redefinir las dinámicas de competencia dentro de las consultas y el posicionamiento de los distintos aspirantes en el camino hacia las elecciones presidenciales.

Si quieres, puedo ajustarlo exactamente a 500 palabras o adaptarlo al estilo de un medio específico como radio, web o prensa escrita.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que para las elecciones al Congreso de la República, programadas para el 8 de marzo de 2026, en el departamento del Atlántico fueron designados 46.372 jurados de votación, una cifra que evidencia el amplio despliegue logístico requerido para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Del total de jurados designados, 38.427 actuarán como principales, mientras que 7.945 fueron asignados como remanentes, quienes estarán disponibles para reemplazar a los principales en caso de ausencias o inconvenientes de última hora. La Registraduría explicó que esta distribución busca asegurar la cobertura total de las mesas de votación y evitar retrasos o fallas en la instalación de las mismas el día electoral.

La entidad detalló que el proceso de sorteo y designación de los jurados se realizó a partir de postulaciones hechas previamente por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones políticas, cumpliendo con los criterios establecidos en la normativa electoral. Estos sorteos contaron con el acompañamiento de organismos de control, agrupaciones políticas, la Fuerza Pública y autoridades municipales, lo que permitió garantizar transparencia y legitimidad en el procedimiento.

Con el fin de facilitar el acceso a la información, la Registraduría habilitó varios canales para que los ciudadanos puedan verificar si fueron seleccionados como jurados de votación. La consulta puede realizarse a través de la aplicación móvil ‘aVotar’, disponible de manera gratuita tanto en Google Play como en App Store, así como en el sitio web oficial www.registraduria.gov.co. En la página, los ciudadanos deben ingresar a la sección ‘Elecciones 2026’, luego seleccionar ‘Congreso de la República’ y finalmente hacer clic en la opción ‘Jurados de votación’ y el botón ‘Consultar aquí’.

Además de confirmar la designación, los jurados podrán conocer allí el lugar, la fecha y la hora de su capacitación, un requisito fundamental para el correcto desempeño de sus funciones. Según la Registraduría, las jornadas de capacitación se llevarán a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2026, en distintos horarios: de 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía, 2:00 a 4:00 p. m. y 4:00 a 6:00 p. m., con el propósito de facilitar la asistencia de todos los ciudadanos designados.

La entidad reiteró que el servicio como jurado de votación es obligatorio, tal como lo establece la ley. Quienes no asistan sin una causa justificada o abandonen sus funciones durante la jornada electoral se exponen a sanciones. En el caso de los servidores públicos, podrían ser destituidos de su cargo, mientras que los ciudadanos del sector privado o independientes deberán pagar una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Finalmente, la Registraduría recordó que los jurados de votación que trabajen tanto en el sector público como en el privado tienen derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, el cual deberá ser otorgado dentro de los 45 días hábiles posteriores a la votación, como reconocimiento a su participación en el proceso democrático.

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde de Ibagué, Tolima, Andrés Fabián Hurtado Barrera, con destitución e inhabilidad por 12 años, tras determinar que incurrió en la prohibición constitucional de participación indebida en política. La decisión también cobijó a Leidy Gómez García, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretaria de Atención al Ciudadano, y a quien se le impuso la misma sanción disciplinaria.

De acuerdo con el ente de control, los hechos se remontan al 15 de septiembre de 2023, cuando Hurtado Barrera participó en un evento que inicialmente fue presentado como una rendición de cuentas institucional y convocado bajo ese carácter. Sin embargo, la Procuraduría estableció que dicho espacio fue posteriormente utilizado para permitir la intervención de una candidata a la Alcaldía, lo que alteró la naturaleza del acto y vulneró el principio de neutralidad institucional que debe regir el ejercicio del poder público, especialmente en contextos preelectorales.

El organismo disciplinario concluyó que la conducta del entonces alcalde constituyó una intervención directa en política, al permitir que una actividad oficial financiada y organizada con recursos del Estado fuera utilizada con fines proselitistas. Esta actuación, según la Procuraduría, quebrantó la imparcialidad que deben mantener los servidores públicos y afectó la confianza ciudadana en las instituciones.

En el caso de Leidy Gómez García, la Procuraduría determinó que su responsabilidad fue igualmente grave. Como secretaria de Atención al Ciudadano, fue la encargada de organizar el evento, estructurar su logística y realizar el cierre contable y financiero de la actividad. El ente de control comprobó que su actuación implicó poner la capacidad funcional y de gestión institucional al servicio de una actividad con fines políticos, desviando el propósito público de la jornada.

Según el fallo, Gómez García incurrió en un menoscabo al servicio de los intereses generales, deber esencial que le asiste a todo servidor público frente al Estado y la comunidad. Al permitir y facilitar el uso de recursos y escenarios institucionales para favorecer una aspiración electoral, transgredió los principios de legalidad, imparcialidad y moralidad administrativa.

La Procuraduría calificó la conducta de ambos disciplinados como gravísima a título de dolo, al considerar que actuaron de manera consciente y voluntaria, con pleno conocimiento de la prohibición constitucional que impide a los funcionarios públicos intervenir en actividades de carácter político-electoral. Para el ente de control, estas acciones atentaron directamente contra el correcto funcionamiento del Estado y erosionaron la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Aunque se trata de un fallo de primera instancia, la decisión marca un precedente relevante en materia de control disciplinario y reiteró el mensaje de que el uso de la función pública con fines proselitistas será objeto de sanciones severas, en defensa de la transparencia y la neutralidad del aparato estatal.

Este fin de semana se intensificó un cruce público entre los precandidatos presidenciales colombianos Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo en la red social X, tras unas declaraciones del exalcalde de Medellín que generaron respuesta inmediata del abogado penalista.

Todo empezó cuando Sergio Fajardo, en una entrevista reciente con Semana, afirmó que sería “una calamidad para el país” si De La Espriella llegara a ser presidente, una crítica fuerte que marcó el tono del intercambio político. Fajardo, que se presenta como una alternativa moderada en medio de una contienda muy polarizada, también advirtió que tanto De La Espriella como el candidato de izquierda Iván Cepeda representan extremos que podrían llevar a Colombia a una confrontación social profunda. En su discurso, el exgobernador puso énfasis en la construcción de una opción integrada por independientes y fuerzas políticas moderadas centradas en progreso y lucha contra la corrupción, y propuso, además, un debate público para exponer propuestas de manera directa.

La respuesta de Abelardo De La Espriella no se hizo esperar. En una serie de publicaciones en X, reiteró su respeto personal por Fajardo, pero cuestionó su enfoque político y lo invitó a unirse a su proyecto en lugar de confrontarlo. De La Espriella argumentó que, en la actual contienda, las encuestas y la dinámica electoral muestran que solo él y Iván Cepeda tienen posibilidades reales de llegar a la presidencia, minimizando así la relevancia de Fajardo en el escenario electoral.

En su mensaje, De La Espriella también retó públicamente a Iván Cepeda a un debate, acusándolo de ser el verdadero adversario a vencer y responsabilizándolo por lo que él califica como continuidades negativas del actual gobierno y alianzas ideológicas con sectores de izquierda. Llamó a Fajardo a integrarse a su campaña, destacando la experiencia del exalcalde y proponiéndolo como pieza clave para “salvar la patria”; sin embargo, descartó un debate directo con él por considerar que no es el principal rival en la contienda.

El intercambio ha puesto en evidencia las tensiones dentro del centro y la derecha política colombiana, en un momento en el que las coaliciones y apoyos pueden ser determinantes para las consultas internas y las elecciones de 2026. La postura de Fajardo de no sumarse a la campaña de De La Espriella, junto con su propuesta de un espacio político más moderado, contrasta con la estrategia del abogado de consolidar alianzas frente al candidato del Pacto Histórico.

Este tipo de enfrentamientos refleja una campaña marcada por la polarización política, con el electorado aún dividido y con múltiples actores buscando posicionarse con claridad antes de las consultas y la primera vuelta electoral.