La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció la existencia de una “amenaza directa y específica” contra el candidato y contra las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en varias ciudades del país. A través de un comunicado, el equipo político informó que el pasado 10 de febrero de 2026 recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN.
Según la comunicación, el mensaje señalaba como posibles objetivos al aspirante presidencial y a sus instalaciones políticas en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. La campaña indicó que, tras recibir la alerta, la información fue remitida de inmediato a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para activar los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente.
En el pronunciamiento, el movimiento solicitó el refuerzo integral del esquema de protección del candidato y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado con el fin de establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza. Asimismo, pidió que se adopten medidas preventivas en las sedes políticas mencionadas para garantizar la seguridad de simpatizantes y colaboradores.
Pese a la advertencia, la campaña aseguró que Abelardo De La Espriella mantendrá su agenda pública y continuará con sus actividades proselitistas. “La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana”, señaló el comunicado.
El equipo político también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad plena de todos los candidatos y del proceso electoral en general, en un contexto preelectoral marcado por la polarización y el aumento de tensiones en distintas regiones del país.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la veracidad de la amenaza ni sobre posibles responsables. Entretanto, se espera que los organismos de seguridad adelanten las investigaciones correspondientes para determinar si existe riesgo real y qué medidas adicionales podrían adoptarse.
La denuncia se produce en medio del calendario electoral y reabre el debate sobre las garantías de seguridad para los aspirantes a cargos de elección popular, especialmente en regiones donde históricamente han operado grupos armados ilegales.
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