En medio del proceso judicial que enfrenta la representante electa Karen Manrique Olarte, su esposo, Gustavo González Ruiz, acudió a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Arauca para solicitar la credencial que la acredita como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP). El trámite fue realizado mediante un poder previamente firmado por la congresista.
La solicitud se produjo pocos días después de que Manrique fuera detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el pasado 12 de marzo, dentro de la investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según las autoridades, la congresista habría recibido presuntamente recursos a cambio de respaldar reformas del Gobierno y apoyar proyectos y cupos de endeudamiento en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Pese a la situación judicial, Manrique logró la reelección como representante por la circunscripción especial con un total de 5.640 votos.
En paralelo, el Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmó oficialmente la elección de Germán Rozo Anís, del Partido Liberal Colombiano, y de Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático, como representantes a la Cámara por el departamento de Arauca para el período legislativo 2026-2030.
Los nombres de ambos dirigentes quedaron consignados en el acta general de escrutinio publicada por el organismo electoral, complementando la entrega oficial de credenciales que se realizó el 14 de marzo en horas de la noche en la capital del departamento.
Tras conocerse la confirmación de su elección, Pérez Rueda expresó su agradecimiento a su equipo político y jurídico, así como a sus familiares y a su partido por el respaldo recibido durante el proceso electoral. Durante el conteo de votos existían dudas sobre si el dirigente del Centro Democrático lograría obtener la credencial, ya que algunos sectores del Partido Liberal reclamaban que las dos curules del departamento debían quedar en manos de esa colectividad.
Entre quienes cuestionaban el resultado se encontraba el liberal José Trinidad Sierra, segundo en la lista del partido. No obstante, el sistema de asignación de curules en departamentos como Arauca —que cuentan con dos escaños en la Cámara— no se define mediante la cifra repartidora, sino por el sistema de cociente electoral, mecanismo que finalmente permitió que el Centro Democrático obtuviera la segunda credencial.
El escenario político en el departamento también estuvo marcado por tensiones previas entre distintas fuerzas políticas. Pérez Rueda había denunciado presuntas irregularidades en procesos electorales anteriores y decidió en su momento no aceptar una curul como diputado que le correspondía bajo el Estatuto de la Oposición, tras las elecciones regionales.
En ese contexto, el Centro Democrático mantuvo un fuerte enfrentamiento político con sectores del liberalismo en la región, especialmente con el actual gobernador Renson Martínez Prada.
Las alianzas con dirigentes nacionales también influyeron en la dinámica electoral regional. Sectores cercanos al exgobernador Facundo Castillo Cisneros y al dirigente Julio Enrique Acosta Bernal respaldaron candidaturas que terminaron influyendo en la distribución de apoyos entre partidos.
Además, al no presentar candidatos propios para la Cámara de Representantes, el espacio político que tradicionalmente ocupaba Cambio Radical terminó favoreciendo al Centro Democrático, lo que permitió que la colectividad obtuviera la curul de Pérez Rueda.
El dirigente ya había participado en las elecciones regionales de 2023 como candidato a la Gobernación de Arauca. En ese proceso apareció inicialmente como ganador en el preconteo electoral; sin embargo, tras los escrutinios oficiales, la Registraduría certificó la victoria del actual mandatario departamental.
Con estos resultados, la representación política de Arauca en la Cámara para el período 2026-2030 queda definida, mientras continúa el proceso judicial que involucra a la congresista Karen Manrique dentro del escándalo nacional de corrupción relacionado con la UNGRD.
