GENERALES

El candidato presidencial Santiago Botero cuestionó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 %.

El aspirante manifestó su desacuerdo con la determinación judicial al considerar que perjudica principalmente a los sectores más vulnerables del país. “No estoy de acuerdo con que suspendan el aumento del salario mínimo a los más pobres de Colombia”, afirmó.

Botero sostuvo que el enfoque debía orientarse hacia la reducción de la carga tributaria y no hacia la suspensión del incremento salarial. En ese sentido, aseguró que el tribunal debió impulsar medidas económicas distintas. “El Consejo de Estado debió ordenar bajar los impuestos, no frenar el salario”, expresó.

Además, señaló que anteriormente planteó al presidente Gustavo Petro combinar el aumento salarial con una reducción de impuestos. Según dijo, esa propuesta no fue atendida por el Gobierno, lo que —a su juicio— derivó en la actual controversia jurídica.

El candidato concluyó su pronunciamiento advirtiendo sobre las posibles consecuencias sociales de la medida, indicando que la suspensión podría afectar el poder adquisitivo de los trabajadores y generar incertidumbre económica.

La decisión del Consejo de Estado obliga ahora al Gobierno nacional a expedir un decreto transitorio en un plazo de ocho días que determine el nuevo porcentaje de incremento del salario mínimo, mientras se resuelve de fondo la legalidad del aumento inicialmente decretado.

El presidente Gustavo Petro anunció la expedición de un nuevo decreto que fijará el salario mínimo en Colombia, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente los efectos del Decreto 1469, mediante el cual el Gobierno había establecido el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905, equivalente a un incremento del 23,7 %.

La decisión del alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir, en un plazo de ocho días calendario, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento y el valor total correspondiente, el cual regirá mientras se emite un fallo de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.

En respuesta, el mandatario defendió la constitucionalidad del decreto inicial y sostuvo que el aumento fue fijado conforme a criterios económicos. “El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”, afirmó. No obstante, aseguró que respetará la decisión judicial y expedirá el nuevo acto administrativo en los términos exigidos.

Petro indicó que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación y solicitó la articulación con movimientos sociales para analizar la suspensión y el contenido del nuevo decreto. Según explicó, el encuentro se realizará con base en las más recientes mediciones económicas y estudios técnicos.

El jefe de Estado señaló que dichos análisis muestran una incidencia marginal del salario mínimo en el aumento de precios de algunos alimentos y planteó la necesidad de evaluar también el impacto de la tasa de interés en el empleo, el déficit fiscal y el comportamiento inflacionario.

El presidente invitó además a los trabajadores a pronunciarse frente a la medida cautelar. “Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario”, expresó, al insistir en que el Gobierno actúa en cumplimiento del mandato constitucional y del respaldo ciudadano en las urnas.

Por su parte, el Consejo de Estado aclaró que la suspensión es una medida provisional y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto. El tribunal deberá resolver de fondo si el incremento cumple con los criterios técnicos exigidos por la normativa vigente, entre ellos productividad, inflación y protección del poder adquisitivo.

Mientras se expide el decreto transitorio, el país permanece a la expectativa sobre el nuevo porcentaje de aumento que regirá para 2026 y sobre el desenlace jurídico del proceso, que marcará el rumbo de la política salarial del próximo año.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre la salida del general Edwin Urrego Pedraza de la Policía Nacional de Colombia y sobre el presunto informe de inteligencia que advertiría una posible conspiración contra el presidente Gustavo Petro.

En entrevista con 6AM W Radio de W Radio, el funcionario aseguró que no tuvo participación en la decisión administrativa. “Yo no he tenido que ver con la salida del general Urrego de la Policía. Para poder sacar a un general, tiene que rendir la junta de generales para darle de baja en esa instancia”, afirmó.

Benedetti rechazó cualquier insinuación sobre su implicación y también se refirió al allanamiento a su vivienda en Barranquilla, mencionado por el mandatario durante un Consejo de Ministros realizado en Montería.

Con sus declaraciones, el ministro planteó que el oficial retirado podría no ser la persona señalada por el presidente en relación con la supuesta conspiración y señaló que desconoce los detalles específicos de la investigación y las razones precisas de la baja.

El jefe de la cartera política reiteró que el procedimiento interno de la institución se adelantó con transparencia y que cualquier decisión sobre la carrera de un general obedece a protocolos establecidos por la normativa vigente.

La salida del alto oficial y las afirmaciones del Gobierno han generado atención en el ámbito político y de seguridad, mientras se espera claridad oficial sobre el alcance del informe de inteligencia y sus eventuales implicaciones dentro de la fuerza pública.

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que establecía un aumento del 23,78 % en el salario mínimo para 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La medida fue adoptada por el magistrado ponente que estudia la legalidad del acto administrativo, quien ordenó frenar temporalmente su aplicación como medida cautelar mientras se analiza el fondo del proceso. Con esta decisión, el alto tribunal concedió al Ejecutivo un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto ajustado a los parámetros establecidos por la ley.

De acuerdo con el pronunciamiento, la fijación del salario mínimo debe sustentarse en criterios técnicos definidos por la normativa vigente, entre ellos la productividad, la inflación y la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. El Consejo de Estado advirtió que estos factores deben prevalecer sobre consideraciones de carácter político.

La suspensión no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del incremento, pero sí obliga al Gobierno nacional a replantear el acto administrativo y justificarlo conforme a los requisitos técnicos exigidos. Mientras se expide el nuevo decreto, persiste la incertidumbre jurídica en torno al monto que regirá para 2026.

El caso continuará su trámite en el Consejo de Estado, instancia que deberá decidir posteriormente si anula o mantiene el aumento decretado. Entre tanto, gremios empresariales, sindicatos y distintos sectores económicos permanecen atentos al nuevo acto administrativo que el Ejecutivo deberá emitir dentro del plazo fijado por la corporación.

El aspirante presidencial Juan Manuel Galán reiteró que la descentralización será uno de los ejes centrales de su eventual gobierno y anunció que impulsará una reducción del poder presidencial en Colombia, al considerar que el modelo actual concentra en exceso las decisiones en la Casa de Nariño.

“Desde el 7 de agosto, si asumo la Presidencia con el favor de Dios y de los ciudadanos, voy a emprender una reducción del poder presidencial en Colombia”, afirmó el dirigente, quien cuestionó que el jefe de Estado mantenga un nivel de control que, a su juicio, limita la autonomía de los territorios. En sus declaraciones, señaló que el presidente “no puede ser un monarca, no puede ser un emperador, un todopoderoso”, mientras los 1.103 municipios del país deben esperar autorizaciones presupuestales para ejecutar sus proyectos.

Galán sostuvo que el esquema centralista vigente “atropella la dignidad de la gente de los territorios y de los mandatarios locales”, razón por la cual planteó fortalecer las competencias de alcaldes y gobernadores. En ese sentido, explicó que el Gobierno nacional debería asumir un rol de facilitador del desarrollo regional y no convertirse en un obstáculo administrativo o financiero.

Como parte de su propuesta, anunció que presentará un Plan Nacional de Desarrollo articulado con los planes territoriales ya formulados por mandatarios locales. El objetivo, según dijo, es respaldar los compromisos adquiridos con las comunidades y ofrecer apoyo efectivo en áreas prioritarias como seguridad, salud, lucha contra la corrupción y sostenibilidad fiscal.

El dirigente también recordó su papel como ponente de la Ley de Regiones, iniciativa promovida por el exgobernador Eduardo Verano de la Rosa, y afirmó que el desafío actual es reglamentar y aplicar plenamente esa normativa. Destacó que la región Caribe ha liderado la búsqueda de mayor autonomía y ha sido firme en la crítica al centralismo que, en sus palabras, limita la capacidad de los territorios para decidir sobre su propio destino.

No obstante, Galán aclaró que no es partidario del federalismo ni de convertir los departamentos en estados autónomos. En cambio, propuso avanzar hacia una regionalización más profunda mediante una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial que fortalezca esquemas asociativos como las áreas metropolitanas y las asociaciones por provincias.

A su juicio, estos mecanismos permiten integrar recursos y capacidades para atender problemáticas comunes en materia ambiental, seguridad e infraestructura, optimizando la gestión pública en distintos niveles. “Colombia tiene que profundizar la descentralización”, insistió, al subrayar que este principio forma parte del ADN del Nuevo Liberalismo.

Finalmente, evocó el legado de su padre, Luis Carlos Galán, quien fue ponente de la Ley 12 de 1986, normativa que transfirió recursos del impuesto a las ventas a los municipios. Para el candidato, retomar ese espíritu es clave para garantizar que las regiones cuenten con herramientas reales que les permitan impulsar su propio desarrollo y avanzar hacia un país menos centralista y más equitativo.

La esperada depuración de candidaturas presidenciales, prevista para marzo tras la conformación de las consultas interpartidistas, quedó a medias y abrió la puerta a un escenario electoral inédito en Colombia. Mientras la centroderecha logró consolidar la denominada Gran Consulta como el mecanismo más robusto de selección interna, en el centro y la izquierda persiste un amplio abanico de aspirantes que, de mantenerse en la contienda, podría traducirse en un tarjetón con hasta 15 candidatos en la primera vuelta del 31 de mayo.

De confirmarse ese panorama, el número de aspirantes casi duplicaría el registrado en las elecciones de 2022 y 2018, cuando compitieron ocho candidatos. También superaría ampliamente las cifras de 2014, con cinco postulantes, y de 2010, cuando participaron nueve. El eventual incremento refleja la fragmentación actual del espectro político y la dificultad de concretar alianzas amplias antes de la cita electoral.

En el bloque de la centroderecha, la Gran Consulta logró aglutinar fuerzas y reducir la dispersión interna, lo que le otorga mayor claridad estratégica frente a otros sectores. Sin embargo, en el centro y la izquierda no se alcanzó el mismo nivel de consenso, y varias precandidaturas siguen en pie, alimentando la posibilidad de una competencia atomizada.

Entre los nombres con mayores opciones de llegar a la primera vuelta figuran quienes lideran las encuestas. Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, quien recientemente defendió su aspiración ante críticas de sectores que cuestionan su eventual llegada al poder. En el otro extremo ideológico se ubica Iván Cepeda, quien tras la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en la consulta del denominado ‘Frente por la Vida’, decidió no recurrir a mecanismos legales adicionales y anunció que competirá directamente en mayo con el respaldo del Pacto Histórico.

Por su parte, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo confirmó que estará en la contienda tras intensas conversaciones políticas en las últimas semanas. La exalcaldesa Claudia López intentó persuadirlo de sumarse a la ‘Consulta de las Soluciones’, mecanismo que finalmente contará únicamente con la participación de Leonardo Huerta.

La falta de acuerdos amplios en algunos sectores podría impactar la dinámica de la primera vuelta, en la que un alto número de candidatos tiende a dispersar el voto y a elevar la incertidumbre sobre quiénes pasarían a una eventual segunda vuelta. Analistas advierten que este escenario obligará a las campañas a replantear estrategias y a fortalecer alianzas programáticas en un contexto de alta competencia.

A poco más de tres meses de la jornada electoral, el mapa político continúa en movimiento. Si no se producen nuevas renuncias o acuerdos de última hora, Colombia podría enfrentar la elección presidencial con el tarjetón más nutrido de su historia reciente, reflejo de una oferta política amplia pero también de un sistema cada vez más fragmentado.

La Contraloría General de la República encendió las alertas tras poner bajo revisión las contrataciones directas realizadas durante el mes de enero, periodo previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Esta norma, que busca asegurar transparencia e igualdad de condiciones en los procesos electorales, prohíbe la celebración de contratos directos cuatro meses antes de las elecciones.

De acuerdo con el informe preliminar del ente de control, en enero se suscribieron 521.269 contratos que comprometen recursos por 32,88 billones de pesos. La cifra, por su magnitud, ha generado inquietud en medio del contexto preelectoral, al tratarse del último mes habilitado para este tipo de contrataciones antes de las restricciones legales.

El análisis de la Contraloría revela que del total comprometido, 17,8 billones de pesos corresponden a entidades del orden territorial, es decir, gobernaciones, alcaldías y demás entes descentralizados en departamentos y municipios. Por su parte, 14,9 billones de pesos fueron contratados por entidades del orden nacional, mientras que 0,3 billones de pesos corresponden a corporaciones autónomas regionales.

La Ley de Garantías, establecida para prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, limita la contratación directa en el periodo previo a elecciones con el propósito de evitar que se utilicen contratos como herramienta de influencia política. Por ello, el volumen de contratos firmados antes de que comenzara la restricción ha despertado cuestionamientos sobre la oportunidad y necesidad de los mismos.

Si bien la contratación directa es una modalidad legal contemplada en el régimen de contratación pública, su uso masivo en periodos cercanos a procesos electorales suele generar debate. La Contraloría señaló que el objetivo de la revisión es verificar que los contratos cumplan con los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

El organismo de control indicó que se realizará un seguimiento detallado para identificar posibles riesgos fiscales o irregularidades. En caso de encontrar hallazgos, podrían abrirse procesos de responsabilidad fiscal o trasladarse las investigaciones a otras autoridades competentes.

El informe se conoce en un momento clave del calendario electoral, lo que aumenta la atención sobre el comportamiento del gasto público. Analistas advierten que, más allá de la legalidad formal, el volumen de recursos comprometidos en enero podría incidir en la percepción ciudadana sobre el uso de fondos estatales en época preelectoral.

Con la entrada en vigor de la Ley de Garantías, las entidades públicas deberán ajustar sus procesos contractuales a las restricciones establecidas, mientras la Contraloría continúa con la vigilancia preventiva y posterior para asegurar que los recursos públicos sean ejecutados conforme a la ley y en beneficio del interés general.

Una publicación en redes sociales volvió a encender la controversia sobre la recolección de firmas en Colombia y provocó un fuerte cruce político en plena antesala electoral. El mensaje, difundido por el usuario verificado Uldarico Chilito, calificó como “escandaloso” el número de apoyos ciudadanos invalidados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en distintos procesos de inscripción de candidaturas, lo que reactivó el debate sobre la legitimidad y transparencia de este mecanismo de participación.

En la publicación se enumeran cifras correspondientes a varios aspirantes que acudieron al sistema de firmas para respaldar sus postulaciones. Según los datos compartidos, a Abelardo De la Espriella le habrían sido anuladas 3.100.000 firmas, equivalentes al 62% del total presentado; a Aníbal Gaviria, 1.578.000, un 68%; a Claudia López, 647.000, el 50%; a Vicky Dávila, 549.000, el 44%; y a Felipe Córdoba, 624.000, el 48%.

Las cifras estuvieron acompañadas de una afirmación que elevó el tono del debate: “La derecha es una máquina para presentar firmas falsas”. El señalamiento ideológico generó reacciones en distintos sectores políticos y trasladó la discusión del plano técnico al terreno de la confrontación partidista.

En Colombia, la recolección de firmas se ha consolidado como una alternativa para aspiraciones independientes o por fuera de los partidos tradicionales. Por esta razón, la validez de los apoyos se convierte en un componente clave para la legitimidad democrática y la confianza en el sistema electoral.

La Registraduría es la entidad encargada de verificar la autenticidad de las firmas y aplica procesos técnicos que incluyen revisión grafológica, cruces con bases de datos oficiales y depuración de inconsistencias como registros repetidos, datos incompletos, inexistentes o correspondientes a ciudadanos no habilitados para votar. No obstante, los altos porcentajes de invalidación han sido históricamente motivo de controversia entre campañas y autoridades electorales.

Algunos sectores sostienen que estos niveles de anulación evidencian fallas graves en la recolección e incluso posibles irregularidades. Otros argumentan que la mayoría de los casos responden a errores humanos, duplicidades o inconsistencias formales propias de procesos masivos, más que a una intención fraudulenta.

Analistas advierten que, en un contexto de polarización y creciente desconfianza institucional, este tipo de acusaciones puede profundizar la tensión política y afectar la percepción ciudadana sobre la transparencia del proceso electoral. El uso de cifras técnicas como herramienta de confrontación partidista añade un componente adicional a la disputa.

Más allá de los nombres y porcentajes, la discusión pone en el centro la credibilidad del mecanismo de firmas como instrumento de participación ciudadana. Surgen interrogantes sobre los controles internos de los comités promotores y sobre la necesidad de reforzar la pedagogía para garantizar que cada apoyo cumpla los requisitos legales establecidos.

En plena carrera electoral, el debate sobre las firmas invalidadas se perfila como un nuevo campo de confrontación política, donde no solo está en juego la inscripción de candidaturas, sino también la confianza en las reglas que rigen la democracia colombiana.

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció la existencia de una “amenaza directa y específica” contra el candidato y contra las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en varias ciudades del país. A través de un comunicado, el equipo político informó que el pasado 10 de febrero de 2026 recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN.

Según la comunicación, el mensaje señalaba como posibles objetivos al aspirante presidencial y a sus instalaciones políticas en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. La campaña indicó que, tras recibir la alerta, la información fue remitida de inmediato a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para activar los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente.

En el pronunciamiento, el movimiento solicitó el refuerzo integral del esquema de protección del candidato y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado con el fin de establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza. Asimismo, pidió que se adopten medidas preventivas en las sedes políticas mencionadas para garantizar la seguridad de simpatizantes y colaboradores.

Pese a la advertencia, la campaña aseguró que Abelardo De La Espriella mantendrá su agenda pública y continuará con sus actividades proselitistas. “La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana”, señaló el comunicado.

El equipo político también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad plena de todos los candidatos y del proceso electoral en general, en un contexto preelectoral marcado por la polarización y el aumento de tensiones en distintas regiones del país.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la veracidad de la amenaza ni sobre posibles responsables. Entretanto, se espera que los organismos de seguridad adelanten las investigaciones correspondientes para determinar si existe riesgo real y qué medidas adicionales podrían adoptarse.

La denuncia se produce en medio del calendario electoral y reabre el debate sobre las garantías de seguridad para los aspirantes a cargos de elección popular, especialmente en regiones donde históricamente han operado grupos armados ilegales.

En medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias que afectan a varias regiones del país, el presidente Gustavo Petro y la precandidata presidencial Claudia López protagonizaron este lunes un fuerte cruce de mensajes a través de redes sociales, centrado en la gestión del Gobierno nacional frente a la atención y prevención de los desastres ocasionados por el invierno.

La controversia se inició con un pronunciamiento de la exalcaldesa de Bogotá, quien cuestionó de manera directa al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo. López señaló que, pese a que la inundación llevaba cerca de diez días afectando a comunidades y a que existía un decreto de atención de desastres vigente desde noviembre de 2025, las autoridades no habrían actuado de manera oportuna para evitar la situación.

En su mensaje, la precandidata afirmó que el Gobierno tenía conocimiento desde el 21 de enero de la posible ocurrencia de la emergencia y que, aun así, no se habrían tomado las medidas preventivas necesarias. Además, criticó con dureza la intención de promover nuevos impuestos en el marco de la crisis, señalando que no se debía “aprovechar la desgracia de la gente” para reactivar tributos que habían sido suspendidos por la Corte Constitucional. López concluyó su pronunciamiento exigiendo al director de la Ungrd que cumpliera con sus funciones o presentara su renuncia.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar. A través de su cuenta en redes sociales, el mandatario cuestionó los señalamientos de López y la invitó a diferenciar entre un decreto de desastre y un decreto de emergencia económica, social y ambiental, subrayando que ambos tienen alcances y efectos distintos. Según explicó, el decreto de desastre —que se encuentra vigente— solo permite traslados presupuestales, mientras que un decreto de emergencia habilita la creación de nuevos recursos, incluidos impuestos dirigidos a los sectores más ricos de la sociedad.

Petro aclaró que no había hablado de expedir un nuevo decreto de desastre, sino de evaluar la declaratoria de una emergencia económica para enfrentar la magnitud de la situación. En ese contexto, señaló que los nuevos recursos